El Poder Ejecutivo respondió ayer a las objeciones de la Nación respecto de la ejecución de un plan alimentario para asistir a desnutridos en Tucumán.
En diálogo con LA GACETA, funcionarios del Gobierno dijeron que aclararán al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación varias observaciones de una auditoría publicada en nuestra edición de ayer. Pero no pudieron refutar algunos reparos centrales, como los dirigidos a los aspectos financieros del manejo de los $ 15,7 millones girados entre marzo de 2004 y abril pasado.
Aceptaciones
La cartera nacional cuestionó el empleo de numerosas cuentas bancarias para administrar los recursos con los que se financia la compra y la distribución mensual de 36.000 módulos alimentarios. Consideró que este hecho torna poco ágil la operatoria y que dificulta el seguimiento del movimiento financiero. Y recordaron que la Provincia se había comprometido a habilitar una cuenta específica, que posibilitara el uso inmediato de los fondos girados.
El secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, admitió que la provincia canaliza esos recursos por medio de varias cuentas bancarias, pero negó que eso dificulte control alguno. "De hecho, nos permite saber con más precisión en qué usan los dineros los comedores, los planes para desnutridos y el resto de las modalidades", puntualizó.
La secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, reconoció a su turno que los padrones de beneficiarios generan información poco confiable, como lo asevera la Nación. "Los módulos se reparten según la base de datos del Siprosa, que determina quién está desnutrido -indicó-. Como muchos pequeños no tienen DNI, un mismo niño es presentado por sus padres, por sus abuelos y por sus tíos en distintos CAPS, que reciben los bolsones. Por eso trabajamos para que Salud, con medios informáticos, cuente con la composición de los grupos familiares. Mientras tanto, nuestra política es darle un bolsón a cada niño desnutrido que se presente, tenga o no documento", aseveró.
Desestimaciones
Los funcionarios desestimaron las observaciones referidas a que se reparten menos bolsones que los que se adquieren. "Cada mes, compramos 36.000 bolsones. El proveedor embala y entrega a diario en los CAPS los bolsones, según el padrón, que varía mes a mes -detallaron-. Al final, si quedaron 100 módulos sin armar, pasan a cuenta del mes próximo, cuando se pagarán, obviamente, un centenar de módulos menos. No acopiamos mercadería para ese plan; por eso, no está en ningún depósito", precisaron.
Ferré consignó que la entrega de los bolsones no tiene cargo para la Provincia, con lo cual mal pueden emplearse fondos federales para costearla. Señaló también que no es obligatorio la existencia de órdenes de compra, porque no median licitaciones, sino cotejo de precios.
Opositores esperan la intervención de la Justicia
La mesa ejecutiva del Frente Cívico pedirá al Ministerio de Desarrollo Social que arbitre las medidas para esclarecer el incumplimiento del PE con el programa alimentario. Solicitará, además, que los beneficiarios del plan reciban los módulos por medio de Cáritas, para evitar la manipulación política de las personas de escasos recursos.
También anunció que mediante el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Horacio Pernasetti, requerirán informes a los organismos nacionales pertinentes. "Esperamos que la Justicia actúe de oficio y con celeridad, porque es inconcebible que, mientras están sobrefacturando la compra de bolsones, les estén negando asistencia a miles de ?Rosarito? tucumanas", destacó.
"Es imperdonable que el gobernador José Alperovich juegue una vez más con el destino de los niños que tienen hambre. Su sensibilidad social y la de su esposa candidata, Beatriz Rojkés, son sólo para la foto y el marketing político", denunciaron ayer el senador nacional Ricardo Bussi y el candidato a diputado nacional Miguel Brito.
Los republicanos reaccionaron así ante el informe de técnicos del Tribunal de Cuentas y de la Nación, difundido por LA GACETA, según el cual la Provincia incumple con el cupo asignado en un programa de asistencia alimentaria. Bussi (h) señaló que en 1999, Alperovich fue "responsable de la muerte por desnutrición de infantes tucumanos y su esposa, del mal manejo de una fundación que casualmente se llamaba PIBE". Brito dijo que desvían fondos destinados a los chicos, porque estos no votan.
Bussi (h) apuntó que en el Senado presentó un proyecto para que se auditaran los dineros que provenían de la Nación y que en la Provincia denunció la utilización de bolsones para captar votos. "Este gobernador sólo se preocupa por sus negocios familiares y por lo que pueda suceder con su jueguito de la reforma constitucional", coincidieron.
En diálogo con LA GACETA, funcionarios del Gobierno dijeron que aclararán al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación varias observaciones de una auditoría publicada en nuestra edición de ayer. Pero no pudieron refutar algunos reparos centrales, como los dirigidos a los aspectos financieros del manejo de los $ 15,7 millones girados entre marzo de 2004 y abril pasado.
Aceptaciones
La cartera nacional cuestionó el empleo de numerosas cuentas bancarias para administrar los recursos con los que se financia la compra y la distribución mensual de 36.000 módulos alimentarios. Consideró que este hecho torna poco ágil la operatoria y que dificulta el seguimiento del movimiento financiero. Y recordaron que la Provincia se había comprometido a habilitar una cuenta específica, que posibilitara el uso inmediato de los fondos girados.
El secretario de Desarrollo Social, Joaquín Ferre, admitió que la provincia canaliza esos recursos por medio de varias cuentas bancarias, pero negó que eso dificulte control alguno. "De hecho, nos permite saber con más precisión en qué usan los dineros los comedores, los planes para desnutridos y el resto de las modalidades", puntualizó.
La secretaria de Políticas Sociales, Beatriz Mirkin, reconoció a su turno que los padrones de beneficiarios generan información poco confiable, como lo asevera la Nación. "Los módulos se reparten según la base de datos del Siprosa, que determina quién está desnutrido -indicó-. Como muchos pequeños no tienen DNI, un mismo niño es presentado por sus padres, por sus abuelos y por sus tíos en distintos CAPS, que reciben los bolsones. Por eso trabajamos para que Salud, con medios informáticos, cuente con la composición de los grupos familiares. Mientras tanto, nuestra política es darle un bolsón a cada niño desnutrido que se presente, tenga o no documento", aseveró.
Desestimaciones
Los funcionarios desestimaron las observaciones referidas a que se reparten menos bolsones que los que se adquieren. "Cada mes, compramos 36.000 bolsones. El proveedor embala y entrega a diario en los CAPS los bolsones, según el padrón, que varía mes a mes -detallaron-. Al final, si quedaron 100 módulos sin armar, pasan a cuenta del mes próximo, cuando se pagarán, obviamente, un centenar de módulos menos. No acopiamos mercadería para ese plan; por eso, no está en ningún depósito", precisaron.
Ferré consignó que la entrega de los bolsones no tiene cargo para la Provincia, con lo cual mal pueden emplearse fondos federales para costearla. Señaló también que no es obligatorio la existencia de órdenes de compra, porque no median licitaciones, sino cotejo de precios.
Opositores esperan la intervención de la Justicia
La mesa ejecutiva del Frente Cívico pedirá al Ministerio de Desarrollo Social que arbitre las medidas para esclarecer el incumplimiento del PE con el programa alimentario. Solicitará, además, que los beneficiarios del plan reciban los módulos por medio de Cáritas, para evitar la manipulación política de las personas de escasos recursos.
También anunció que mediante el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Horacio Pernasetti, requerirán informes a los organismos nacionales pertinentes. "Esperamos que la Justicia actúe de oficio y con celeridad, porque es inconcebible que, mientras están sobrefacturando la compra de bolsones, les estén negando asistencia a miles de ?Rosarito? tucumanas", destacó.
"Es imperdonable que el gobernador José Alperovich juegue una vez más con el destino de los niños que tienen hambre. Su sensibilidad social y la de su esposa candidata, Beatriz Rojkés, son sólo para la foto y el marketing político", denunciaron ayer el senador nacional Ricardo Bussi y el candidato a diputado nacional Miguel Brito.
Los republicanos reaccionaron así ante el informe de técnicos del Tribunal de Cuentas y de la Nación, difundido por LA GACETA, según el cual la Provincia incumple con el cupo asignado en un programa de asistencia alimentaria. Bussi (h) señaló que en 1999, Alperovich fue "responsable de la muerte por desnutrición de infantes tucumanos y su esposa, del mal manejo de una fundación que casualmente se llamaba PIBE". Brito dijo que desvían fondos destinados a los chicos, porque estos no votan.
Bussi (h) apuntó que en el Senado presentó un proyecto para que se auditaran los dineros que provenían de la Nación y que en la Provincia denunció la utilización de bolsones para captar votos. "Este gobernador sólo se preocupa por sus negocios familiares y por lo que pueda suceder con su jueguito de la reforma constitucional", coincidieron.







