La Justicia citaría a los usurpadores de El Cadillal

La presunta ocupación irregular de terrenos en El Cadillal está siendo investigada desde el año pasado por la Fiscalía Anticorrupción, que es conducida por Pedro Gallo. La causa fue abierta a partir de una denuncia de Jorge Luis Avila.
Hasta ahora ya se determinó la identidad de un centenar de personas responsables de distintos emprendimientos que no tendrían respaldo legal para hacerse de los predios. Los imputados serán llamados a prestar declaración en Tribunales, para que pueda proseguirse con la pesquisa.

Relevamientos
Gallo cuenta con relevamientos efectuados por el cuerpo de ingenieros de la Policía sobre los distintos espacios ocupados, consistentes en planimetría, identificación de los ocupantes -o sus mandantes- y estado de los terrenos (libres o con construcción y en estado natural o desmontados, por ejemplo).
Las situaciones particulares varían. Sin embargo, en Tribunales trascendió que la mayoría de los imputados alegaría disponer de una tenencia precaria otorgada por algún comisionado comunal. Esa autorización no es suficiente en términos legales, ya que el comisionado no es el funcionario competente para otorgar permisos, facultad que está reservada al Poder Ejecutivo.
En otra causa, que se tramitó en paralelo, la Provincia obtuvo la restitución de decenas de hectáreas que estaban afectadas a un emprendimiento turístico que nunca se concretó (el proyecto era construir piletas de natación para recreación). En este caso, ni siquiera se habrían completado los trámites administrativos en el Ente Autárquico Tucumán Turismo, según se determinó en sede judicial, y no se admitió la tenencia precaria pacífica interpuesta por el ocupante.

La presentación provincial
Las causas en trámite en la Fiscalía Anticorrupción son independientes de la labor de relevamiento sobre ocupaciones de terrenos fiscales que se está efectuando en el Gobierno y que derivará en una denuncia penal formal.
Ayer se reintegró a sus funciones el fiscal de Estado, Antonio Estofán, que fue informado por su adjunto, Rogelio Mercado, de la situación planteada en la comuna de San Javier, donde habría 34 casos de irregularidades. Juntos comenzaron a evaluar los términos de la presentación judicial, que se haría hoy o mañana en la oficina del fiscal Gallo.
En la Dirección de Catastro de la Provincia, en tanto, los inspectores continúan con las pesquisas en villas veraniegas y en localidades del interior. El objetivo es develar cuál es el estado actual de todos los inmuebles fiscales.