La Nación objeta la ejecución de un plan social

El Gobierno provincial no habría respetado una serie de exigencias convenidas con la Nación para ejecutar un programa de asistencia alimentaria para desnutridos. Así lo indica una auditoría practicada por técnicos del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y del Tribunal de Cuentas de la provincia, al que tuvo acceso LA GACETA.Según el informe, no se respetó la cobertura de 36.000 beneficios mensuales. "En todas las entregas, hay remanentes de módulos no entregados a los beneficiarios", señala el documento.Se detectaron, también, diferencias entre la cantidad de módulos adquiridos y los distribuidos. Se detalla que se compraron 324.000 bolsones, pero que figura la entrega de poco más de 322.500. Se agrega que no se encontraron en los depósitos las casi 1.500 unidades de diferencia.En el documento se indica que el costo de los módulos que compró el Gobierno "es similar y hasta superior a los precios de listas de los supermercados minoristas". Se precisa que el costo por bolsón fijado por el proveedor seleccionado es de $ 36,88. Tras comparar los precios de los mismos artículos y marcas en un súper de esta capital, resultó que se puede conformar el mismo módulo con $ 35,31. La diferencia de $ 1,57 por unidad, multiplicado por los 50.000 bolsones que debían comprarse, representa $ 78.500. Con esa diferencia, sostiene la auditoría, podrían comprarse 2.223 módulos más.La Nación, en total, mandó $ 15,7 millones para el Programa Focalizado de Rehabilitación Nutricional (Ver "En qué consiste..."). Sólo $ 130.000 eran para capacitar a 500 agentes sanitarios. El resto se envió para que se compren módulos alimentarios.Los auditores también cuestionaron los padrones de beneficiarios, y calificaron de "poco confiable" la información que generan. Detallaron que hay gente cuyo DNI no corresponde con el suministrado por el Registro Nacional de las Personas, y que hay otros con DNI idénticos, entre otras "incongruencias".Según el informe, al momento de la auditoría, la Provincia no tenía las rendiciones de las tres últimas distribuciones de módulos. También se encontraron rendiciones que no fueron remitidas a la Nación, pese a que debe enviarlas cada mes. Y se indica que tampoco se cumplieron los plazos para capacitar al personal.Los técnicos advirtieron que, aunque la provincia convino usar recursos propios para pagar los gastos operativos del plan, usó fondos nacionales para ello. Y que sólo se entregaron productos frescos en la capital (aclaran que se tramitaba la compra de huevos para el interior).Se objeta, además, que en los expedientes analizados no consta la existencia de órdenes de compra. Y se cuestiona que se usen varias cuentas bancarias, en lugar de una específica.Finalmente, se observa que la Provincia implementó su plan en mayo, a pesar de que había recibido 11,7 millones en marzo.