Los legisladores definen la ley sobre residuos urbanos

En un plazo máximo de ocho años, en Tucumán no deberá haber más basurales a cielo abierto. Esta obligación forma parte de la ley que tratará el próximo jueves la Legislatura, en su regreso a la actividad plena en el recinto, luego de dos semanas de poco movimiento.
El programa de erradicación estará a cargo del Poder Ejecutivo y comenzará a implementarse este año. La norma que será sancionada contempla la generación, manipulación, transporte, transferencia, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, de origen residencial, urbano, comercial, institucional e industrial.
El Gobierno establecerá los sitios donde se realizará la disposición final de la basura, el tratamiento a seguir por parte de cada municipio o comuna (serán los responsables de recolectar, transportar y realizar campañas de concientización para la selección domiciliaria) y las plantas o estaciones de transferencia necesarias para evitar la contaminación ambiental.
Dentro de la competencia del PE figura la imposición de sanciones en caso de incumplimiento y el control de las acciones por desarrollarse. Se prohibirá totalmente el volcado de la basura en cursos de agua, y se gestionarán subsidios y créditos para cumplir con las disposiciones.
La Legislatura deberá ser informada de toda concesión de servicios en esta materia, por parte de la Provincia, de municipios o de comunas. El texto prevé la creación de zonas de trabajo que abarquen más de un distrito, para abaratar costos y disminuir los perjuicios ambientales.
En la sesión se tratará también la declaración de emergencia edilicia en escuelas públicas, mediante la cual se facilitarán los trabajos de reparación de aulas en establecimientos en problemas. La propuesta de autorización al Gobierno para la compra directa de implementos viales para seguridad (como retardadores de velocidad) y para que designe agentes en la Policía Vial, en tanto, podría ser motivo de debate entre oficialistas y opositores.
Desde la bancada justicialista se pidió la inclusión, además, en el orden del día del Decreto de Necesidad y Urgencia del PE, mediante el cual se dispone una nueva grilla salarial para los empleados de la sanidad.

Ediles citarían al fiscal municipal por la crisis en el Tribunal de Faltas
El escándalo desatado en el Tribunal de Faltas por las denuncias de irregularidades que formularon tres jueces podría determinar que los ediles citen al fiscal municipal, Leonardo Szachniuk.
Los concejales de la Comisión de Peticiones y Poderes no quedaron satisfechos con las respuestas que dio el cuestionado interventor del organismo, Juan Luis Fernández. Por eso, este martes, desde las 9.30, volverán a reunirse para analizar las medidas a tomar. Entre los referentes de la oposición y algunos oficialistas crece el consenso para convocar a una reunión al fiscal municipal. Los ediles pretenden que Szachniuk aclare algunos de los conceptos vertidos por Fernández. Especialmente en lo referente al proyecto para que, desde el mismo Tribunal de Faltas, se realice la ejecución de las cuentas judiciales, cuando es una tarea que compete a los abogados de la Fiscalía Municipal.
Durante la reunión con los concejales, el interventor legal del organismo se jactó de haber logrado triplicar la recaudación de la repartición. Comparó los resultados obtenidos en abril de este año ($ 110.000) con el mismo mes de 2004 ($ 39.000).Hizo mención, además, a que al iniciar la gestión, en febrero de 2005, se advirtió que centenares de causas estaban guardadas en los juzgados, sin trámite para su ejecución. Fernández, finalmente, desmintió haber tercerizado el cobro de las cuentas judiciales hacia un estudio privado, como lo habían dejado entrever algunos ediles y los jueces denunciantes.