El escándalo generado por denuncias de presuntas irregularidades en el Tribunal de Faltas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán alterará el receso invernal en el Concejo Deliberante.
Los concejales recibirán mañana, a las 10, a los seis jueces del organismo. Tres de los magistrados denunciaron la semana pasada que, durante abril, mayo y junio, el interventor de la repartición, Juan Luis Fernández, no giró a Fiscalía Municipal las cuentas judiciales en condiciones de ser ejecutadas.
Pedido a Amaya
El presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano (PJ), solicitó al intendente Domingo Amaya que responda con carácter de urgente al pedido de informes realizado el viernes. "Las denuncias son graves y es necesario que haya una respuesta", sostuvo el vicepresidente del cuerpo, José Luis Avignone (UCR). "Necesitamos conocer la marcha y los resultados arrojados por la intervención", opinó, por su parte, Cano.Desde el Tribunal de Faltas, los jueces Estela Martínez de Chehuán, Graciela Baillo de Malaspina y Gerardo Poliche insistieron en que los objetivos trazados por la intervención no fueron concretados. "Hay trascendidos que indican que entre los dos interventores, el legal y el contable, las relaciones están cortadas. Si el propósito del intendente, al nombrar dos interventores, fue aplicar y llevar adelante una metodología combinada de acciones y procedimientos, ese propósito se desnaturalizó", aseveraron en un escrito.
El interventor del Tribunal, en tanto, reiteró que las denuncias de los magistrados son infundadas y que obedecen a un operativo de prensa. Mientras tanto, tres auditores dispuestos por la contadora general del municipio, Patricia Beltrán, continuarán esta semana con la revisión de unas 2.300 cuentas judiciales que obran en manos del Tribunal de Faltas.
Los concejales recibirán mañana, a las 10, a los seis jueces del organismo. Tres de los magistrados denunciaron la semana pasada que, durante abril, mayo y junio, el interventor de la repartición, Juan Luis Fernández, no giró a Fiscalía Municipal las cuentas judiciales en condiciones de ser ejecutadas.
Pedido a Amaya
El presidente del Concejo, Ramón Santiago Cano (PJ), solicitó al intendente Domingo Amaya que responda con carácter de urgente al pedido de informes realizado el viernes. "Las denuncias son graves y es necesario que haya una respuesta", sostuvo el vicepresidente del cuerpo, José Luis Avignone (UCR). "Necesitamos conocer la marcha y los resultados arrojados por la intervención", opinó, por su parte, Cano.Desde el Tribunal de Faltas, los jueces Estela Martínez de Chehuán, Graciela Baillo de Malaspina y Gerardo Poliche insistieron en que los objetivos trazados por la intervención no fueron concretados. "Hay trascendidos que indican que entre los dos interventores, el legal y el contable, las relaciones están cortadas. Si el propósito del intendente, al nombrar dos interventores, fue aplicar y llevar adelante una metodología combinada de acciones y procedimientos, ese propósito se desnaturalizó", aseveraron en un escrito.
El interventor del Tribunal, en tanto, reiteró que las denuncias de los magistrados son infundadas y que obedecen a un operativo de prensa. Mientras tanto, tres auditores dispuestos por la contadora general del municipio, Patricia Beltrán, continuarán esta semana con la revisión de unas 2.300 cuentas judiciales que obran en manos del Tribunal de Faltas.







