Debate legislativo por el pago del 82% móvil a los jubilados

La Legislatura discutirá un proyecto de ley para garantizar el pago del 82% móvil a los jubilados y a los pensionados transferidos a la Nación en 1997.
La iniciativa legislativa es impulsada, en forma separada, por el radical José Cano y por el bussista Ernesto Padilla, que proponen que sea la Provincia la que cancele los créditos generados a favor de los integrantes de la clase pasiva durante los últimos ocho años.
Padilla explicó que la transferencia del sistema previsional al Estado nacional generó una serie de reclamos. Estos planteos se derivan del hecho de que el Gobierno no estaría cumpliendo con el convenio firmado el 15 de julio de 1996. Tampoco con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que garantizó la movilidad a 30.000 jubilados y pensionados en 1998.
"Pese a las previsiones legales y contractuales, la Provincia desconoce la obligación de garantía asumida y niega a los beneficiarios de los haberes previsionales el pago del desmedro sufrido, a partir de que los incrementos otorgados a los activos, no se transfieren, porcentualmente, a los pasivos", dijo.
El radical Cano también denunció este incumplimiento y solicitó a la Legislatura que asegure por ley, el pago a los pasivos transferidos. "Otra vez el poder político parece olvidarse de sus jubilados. La Provincia debe asumir el pago de las deudas, con independencia de lo que se decida hacer con el convenio que se firmó hace nueve años", recalcó.
Los proyectos de Cano y de Padilla se encuentran en estudio de la comisión de Legislación General.
Ambos prevén ratificar la garantía de la movilidad, requerir al Poder Ejecutivo que realice los cálculos necesarios para hacer efectiva la diferencia a todos los eventuales beneficiarios y la posterior cancelación con fondos provinciales.
LA GACETA anticipó que el Gobierno estudia plantear a la Nación una renegociación de los términos del convenio de transferencia del sistema previsional. La alternativa aún no fue resuelta, pero buscaría evitar que los juicios abiertos por los jubilados sean ejecutados sobre las cuentas tucumanas. Oficialmente se estima que el monto de los reclamos supera los $ 60 millones.