Demandan la creación del Consejo de la Magistratura

Los abogados de la provincia presentarán su propia propuesta con cambios a la Constitución de 1990, para que sean incluidos en la próxima reforma.
Las modificaciones más importantes estarán referidas a las creaciones del Consejo de la Magistratura (CM) y del jury de enjuiciamiento para la remoción de los integrantes del Poder Judicial, la regionalización, el rango constitucional para los colegios y las cajas previsionales profesionales y las autonomías municipales, con una redistribución de la coparticipación.

Instituciones remozadas
El presidente del colegio profesional, Antonio Bustamante, confirmó que la entidad realizará mesas de debate abiertas para discutir sobre la Carta Magna. "Somos reformistas y queremos una Constitución adecuada a los tiempos modernos, con instituciones remozadas para la conveniencia de la sociedad, no de un partido político por más hegemónico que sea. No queremos sólo criticar, sino también proponer, sin que nadie pierda su identidad", aseveró.
Los ejes fueron presentados ayer, durante el último almuerzo que mantuvo la conducción de los abogados con el vicegobernador Fernando Juri, en la sede de 24 de Septiembre al 700. En esa ocasión la reunión fue a agenda abierta y también se habló sobre la necesidad de que se sancione una ley que contemple los derechos y obligaciones de los abogados que se desempeñan en el ámbito del Estado.
Bustamante aclaró que el colegio no va a intervenir en el internismo partidario; que mantendrá distancia, y que observará la situación mientras no haya una ilegalidad manifiesta. Acerca de las presentaciones realizadas contra la convocatoria del Gobierno a elegir convencionales constituyentes, consideró que la Corte Suprema es la encargada de pronunciarse, pero que es "una situación de merituación y oportunismo político, porque estos planteos se podrían haber realizado hace años". "En este momento, no vemos que haya ninguna violación legal", destacó.

Por una nueva Justicia
"El futuro CM debe estar adecuado a la idiosincrasia de Tucumán, con el modelo de participación de todos los estamentos comprometidos con la Justicia; incluidos los colegios de Abogados, que deben tener reconocimiento constitucional. También reclamamos que se jerarquicen las cajas de jubilaciones profesionales, que tienen más de 50 años de vida independiente; no es posible que, en un futuro, cualquier gobernante eche mano a los dineros reunidos por décadas", dijo.
El letrado reclamó jueces probos, elegidos tras un concurso claro, simple y conocido por la sociedad, con igualdad de posibilidades para quienes trabajan dentro de tribunales y para los que ejercen la profesión, y con ternas vinculantes. "El enjuiciamiento de los magistrados debe ser despolitizado, aunque en el jury haya políticos, junto con abogados y académicos", señaló Bustamante.
Otros puntos bajo análisis son el sistema de control de gastos del Estado, el manejo de la coparticipación, la regionalización con garantías adecuadas -"como lo hicimos con la Federación de Abogados del NOA", dijo-, y un régimen municipal autónomo, "en reemplazo del unitarismo que hay en Tucumán, con un pacto social de adhesión obligatoria, que implica que la provincia maneje todos los fondos".