La gestión del gobernador Julio Miranda atraviesa una de las semanas más complicadas en materia financiera. Anoche, en la Casa de Gobierno, se indicó que el presidente Eduardo Duhalde autorizó el pago de un anticipo por $40 millones para la provincia. Tucumán necesita para mañana esos recursos por las obligaciones que asumió el propio Miranda ante los empresarios.
No obstante, no tendría la prioridad en la asignación de fondos, ya que Duhalde estableció que antes deben financiarse los planes sociales. Los $40 millones (un monto similar al crédito azucarero acordado pero aún no girado por el Banco Nación) se constituirían en un anticipo a cuenta de los $53,6 millones del préstamo convenido tras la firma del pacto fiscal.
El Gobierno deberá cumplir mañana la promesa que hizo Miranda de regularizar el sistema de canje de bonos para restablecer la confianza en el instrumento de pago.
El Estado no sólo tendrá que saldar los depósitos efectuados hace 35 días, cuando se disminuyó el plazo del canje por decreto. Además deberá pagarles a empresas y a particulares la deuda de $20 millones por los depósitos efectuados en la operatoria FET. Ayer, en Buenos Aires, el gobernador y su ministro de Economía, Joaquín Ferre, continuaron con la incesante búsqueda del efectivo, y esperan que la salvación llegue desde la Casa Rosada. Por lo menos, que se remitan los $20 millones hasta el viernes próximo. La Nación contestará hoy si está en condiciones de otorgar esa ayuda para superar el difícil escollo financiero de Tucumán.
"Hasta ahora, sólo sabemos que hay una luz al final del túnel. De lo que no estamos seguros es de si esa es la salida para este difícil momento financiero o bien un tren que se nos viene encima". La humorada se escuchó anoche en la Casa de Gobierno de boca de un funcionario. Describe, en síntesis, la situación que atraviesa la gestión del gobernador Julio Miranda.
Todos los instrumentos jurídicos están listos para que Tucumán reciba un anticipo financiero de $40 millones. El Gobierno los necesita con urgencia porque, de otro modo, no podrá regularizar el sistema de canje de bonos. El ministro de Economía, Joaquín Ferre, intentará hoy que la Nación le gire, a más tardar hasta el viernes, $20 millones para sostener la operatoria FET.
La palabra empeñada
El Poder Ejecutivo puso en juego la confiabilidad de la moneda local al prometer a la Federación Económica de Tucumán (FET) que, con la disminución de los plazos de canje a 35 días, el sistema de conversión se normalizaría. Los empresarios creyeron en la palabra empeñada por Miranda; pero este hoy enfrenta una nueva encrucijada, ya que no sabe con certeza si la Nación girará el efectivo.
El ministro de Gobierno, Fernando Juri, trató ayer de defender el veto que el PE interpuso contra la ley que lo obligaba a unificar el canje de bonos. "El decreto plantea un canje a 35 días y lo cumpliremos si encontramos eco en la Nación", dijo.
Hay voluntad en la Cámara para insistir
El veto del Poder Ejecutivo a la ley que estipulaba el canje unificado de bonos llegará la recinto en la próxima sesión, que se haría este mes. La mayoría del cuerpo mantiene el criterio original y votaría por la insistencia, lo que obligaría al PE a promulgarla.
Desde que la decisión del Gobierno fue notificada el lunes, los bloques comenzaron sus contactos para reafirmar la postura en favor de establecer por ley el canje de bonos por efectivo en 35 días y la supresión de las operatorias paralelas. Hasta el momento, no habría fracturas entre las bancadas que sancionaron la norma objetada. La gran pelea ahora es estrictamente política, y sólo se esbozan cuestiones económicas o financieras como una pantalla para el debate.
Para insistir en la ley, deben votar favorablemente las 2/3 partes de los legisladores presentes en el recinto en ese instante. En la sesión del 27 de junio, 30 legisladores aprobaron la iniciativa, sólo 7 se opusieron y 3 estuvieron ausentes. De mantenerse estos números, está garantizada la mayoría requerida constitucionalmente para imponer la norma.
El oficialismo elabora la estrategia legislativa
La Casa de Gobierno fue el centro de varias reuniones entre los legisladores más cercanos a Julio Miranda -Gutiérrez a la cabeza- y algunos ministros para definir la estrategia parlamentaria. Los ultramirandistas reclamaron mayor apoyo del gabinete a las necesidades de los miembros del bloque oficialista, cuyas quejas por sentirse abandonados son frecuentes.
Gutiérrez ratificó su encolumnamiento tras el PE. "Esperaba el veto a la ley de los bonos, porque siempre fue la postura oficial. Hay que tener mesura y dejar que la economía sea manejada por el Gobierno, porque son los ministros quienes entienden sobre el flujo de dinero que viene a la provincia, cuáles son las obligaciones más acuciantes del Estado y cuántos serán los fondos con los que se contará", afirmó. "No le hace nada bien al Gobierno ni ayuda a Miranda que Roque Alvarez, Osvaldo Jaldo, Juan Antonio Ruiz Olivares y Sisto Terán tomen posición en la interna nacional en favor de Carlos Menem, comprometiendo la estabilidad económica de la provincia", dijo.
No obstante, no tendría la prioridad en la asignación de fondos, ya que Duhalde estableció que antes deben financiarse los planes sociales. Los $40 millones (un monto similar al crédito azucarero acordado pero aún no girado por el Banco Nación) se constituirían en un anticipo a cuenta de los $53,6 millones del préstamo convenido tras la firma del pacto fiscal.
El Gobierno deberá cumplir mañana la promesa que hizo Miranda de regularizar el sistema de canje de bonos para restablecer la confianza en el instrumento de pago.
El Estado no sólo tendrá que saldar los depósitos efectuados hace 35 días, cuando se disminuyó el plazo del canje por decreto. Además deberá pagarles a empresas y a particulares la deuda de $20 millones por los depósitos efectuados en la operatoria FET. Ayer, en Buenos Aires, el gobernador y su ministro de Economía, Joaquín Ferre, continuaron con la incesante búsqueda del efectivo, y esperan que la salvación llegue desde la Casa Rosada. Por lo menos, que se remitan los $20 millones hasta el viernes próximo. La Nación contestará hoy si está en condiciones de otorgar esa ayuda para superar el difícil escollo financiero de Tucumán.
"Hasta ahora, sólo sabemos que hay una luz al final del túnel. De lo que no estamos seguros es de si esa es la salida para este difícil momento financiero o bien un tren que se nos viene encima". La humorada se escuchó anoche en la Casa de Gobierno de boca de un funcionario. Describe, en síntesis, la situación que atraviesa la gestión del gobernador Julio Miranda.
Todos los instrumentos jurídicos están listos para que Tucumán reciba un anticipo financiero de $40 millones. El Gobierno los necesita con urgencia porque, de otro modo, no podrá regularizar el sistema de canje de bonos. El ministro de Economía, Joaquín Ferre, intentará hoy que la Nación le gire, a más tardar hasta el viernes, $20 millones para sostener la operatoria FET.
La palabra empeñada
El Poder Ejecutivo puso en juego la confiabilidad de la moneda local al prometer a la Federación Económica de Tucumán (FET) que, con la disminución de los plazos de canje a 35 días, el sistema de conversión se normalizaría. Los empresarios creyeron en la palabra empeñada por Miranda; pero este hoy enfrenta una nueva encrucijada, ya que no sabe con certeza si la Nación girará el efectivo.
El ministro de Gobierno, Fernando Juri, trató ayer de defender el veto que el PE interpuso contra la ley que lo obligaba a unificar el canje de bonos. "El decreto plantea un canje a 35 días y lo cumpliremos si encontramos eco en la Nación", dijo.
Hay voluntad en la Cámara para insistir
El veto del Poder Ejecutivo a la ley que estipulaba el canje unificado de bonos llegará la recinto en la próxima sesión, que se haría este mes. La mayoría del cuerpo mantiene el criterio original y votaría por la insistencia, lo que obligaría al PE a promulgarla.
Desde que la decisión del Gobierno fue notificada el lunes, los bloques comenzaron sus contactos para reafirmar la postura en favor de establecer por ley el canje de bonos por efectivo en 35 días y la supresión de las operatorias paralelas. Hasta el momento, no habría fracturas entre las bancadas que sancionaron la norma objetada. La gran pelea ahora es estrictamente política, y sólo se esbozan cuestiones económicas o financieras como una pantalla para el debate.
Para insistir en la ley, deben votar favorablemente las 2/3 partes de los legisladores presentes en el recinto en ese instante. En la sesión del 27 de junio, 30 legisladores aprobaron la iniciativa, sólo 7 se opusieron y 3 estuvieron ausentes. De mantenerse estos números, está garantizada la mayoría requerida constitucionalmente para imponer la norma.
El oficialismo elabora la estrategia legislativa
La Casa de Gobierno fue el centro de varias reuniones entre los legisladores más cercanos a Julio Miranda -Gutiérrez a la cabeza- y algunos ministros para definir la estrategia parlamentaria. Los ultramirandistas reclamaron mayor apoyo del gabinete a las necesidades de los miembros del bloque oficialista, cuyas quejas por sentirse abandonados son frecuentes.
Gutiérrez ratificó su encolumnamiento tras el PE. "Esperaba el veto a la ley de los bonos, porque siempre fue la postura oficial. Hay que tener mesura y dejar que la economía sea manejada por el Gobierno, porque son los ministros quienes entienden sobre el flujo de dinero que viene a la provincia, cuáles son las obligaciones más acuciantes del Estado y cuántos serán los fondos con los que se contará", afirmó. "No le hace nada bien al Gobierno ni ayuda a Miranda que Roque Alvarez, Osvaldo Jaldo, Juan Antonio Ruiz Olivares y Sisto Terán tomen posición en la interna nacional en favor de Carlos Menem, comprometiendo la estabilidad económica de la provincia", dijo.
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