En el caso Aráoz se complicó aún más la situación de Pérez

La situación del oficial de Policía Alejandro Darío Pérez habría quedado más comprometida en el marco de la investigación por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, a raíz del informe balístico que recibió ayer el fiscal del caso, Guillermo Herrera.
Personal de la Policía Científica realizó -a lo largo de tres semanas- la pericia sobre las armas que están secuestradas en la causa. Según trascendió, no se pudo comprobar con un 100 % de veracidad con cuál de ellas le dieron los nueve balazos al magistrado en la tarde del 26 de noviembre. Sin embargo se habrían detectado microsimilitudes en las comparaciones que se realizaron entre los proyectiles que se secuestraron de la casa del juez, ubicada en avenida Aconquija 2.959, en Yerba Buena, y las que se dispararon durante la pericia con el arma de Pérez, una pistola calibre 9mm.
A pesar del fuerte hermetismo respecto de este tema, distintas fuentes tribunalicias hicieron trascender que el resultado sería positivo, tal como el informe técnico que se había efectuado hace ya varios meses. La defensa de Pérez, representada por los abogados Horacio Guerineau y María Inés Gómez, sostiene que la prueba no sería tan contundente. En el informe se habría establecido que las únicos proyectiles que tienen esas "microsimilitudes" son las del arma de Pérez, y descartaron el resto. "Esto se repite en todas las vainas", habrían indicado los peritos. Según el fiscal, esta prueba tendría entidad suficiente como para imputarle a Pérez la comisión del delito de homicidio agravado, que prevé hasta una pena de prisión perpetua. Herrera también merituaría en este caso otros elementos que existen en la causa, como la presunta relación que habría mantenido el oficial con la otra imputada del caso, la ex agente Ema Gómez.
Luego de recibir este informe, el fiscal comenzará a trabajar con la elevación a juicio, en la cual -según trascendió- incluiría al comisario Rodolfo Domínguez y al oficial Andrés Faversani, a quienes acusaría por encubrimiento, cambiando la calificación que pesa actualmente sobre ambos, que es de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Las otras cuestiones por definir son el planteo de recusación contra el fiscal presentado por los abogados de Domínguez y Faversani y el pedido de nulidad a las pericias de ADN que le hicieron a Ema Gómez.
Al hospital
Gómez fue atendida en un centro asistencial por padecer una severa infección en las vías urinarias.
Desde hace varios meses la acusada quería ser atendida ya que, advertía, su salud se había deteriorado desde que se encuentra detenida en la Comisaría de La Mujer. Fuentes de tribunales confirmaron que el mal de Gómez comenzó con una infección molar y, como no recibió la atención adecuada, el cuadro se fue complicando con el correr de los días, y derivó en la enfermedad por la que fue asistida.