"No estoy de acuerdo con (Esteban) Jerez respecto de los jueces de instrucción", dijo ayer a LA GACETA el interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón. Si bien aclaró que no tenía ánimos de polemizar con el fiscal anticorrupción, Lobo Aragón se refería a sus dichos. Este dijo que para que un delincuente vaya preso debe existir "la voluntad" de los jueces de instrucción de resolver los hechos.
Tras puntualizar que fue protagonista en la concreción del actual Código de Procedimientos, por haber sido uno de los primeros fiscales de instrucción, el interventor de Yerba Buena indicó que el problema no está en los magistrados a los que aludió Jerez. "Son los garantizadores del debido proceso para que no se llegue al trámite inquisitivo que caracterizaba al anterior Código. Allí el juez dictaba la prisión preventiva, era amo y dueño de la libertad de las personas. En cambio, el actual da más imperio al fiscal pero con control del juez como garantizador del debido proceso", explicó.
"Los jueces de instrucción no son el cuello de botella", afirmó. Además, apuntó que el fiscal anticorrupción desvirtúa el principio del Código de Procedimientos al decir que le falta infraestructura y personal. "Lo que él necesita es delegar, porque no puede hacerse cargo de todos los delitos, y no porque no actúe correctamente sino porque no tiene tiempo material", indicó.
Recordó que el proyecto de su partido, el VOS, proponía que el ministro fiscal sea el fiscal anticorrupción y que cada fiscal investigue los delitos comunes y contra el Estado. Sostuvo que la designación de Jerez no estuvo de acuerdo con la normativa vigente, ni con la Constitución. "La culpa es de la Corte Suprema por no haber actuado de oficio", agregó. Añadió que si se subsana este problema, todos los fiscales podrían intervenir, con lo que el sistema tendría "más eficacia y transparencia".
Tras puntualizar que fue protagonista en la concreción del actual Código de Procedimientos, por haber sido uno de los primeros fiscales de instrucción, el interventor de Yerba Buena indicó que el problema no está en los magistrados a los que aludió Jerez. "Son los garantizadores del debido proceso para que no se llegue al trámite inquisitivo que caracterizaba al anterior Código. Allí el juez dictaba la prisión preventiva, era amo y dueño de la libertad de las personas. En cambio, el actual da más imperio al fiscal pero con control del juez como garantizador del debido proceso", explicó.
"Los jueces de instrucción no son el cuello de botella", afirmó. Además, apuntó que el fiscal anticorrupción desvirtúa el principio del Código de Procedimientos al decir que le falta infraestructura y personal. "Lo que él necesita es delegar, porque no puede hacerse cargo de todos los delitos, y no porque no actúe correctamente sino porque no tiene tiempo material", indicó.
Recordó que el proyecto de su partido, el VOS, proponía que el ministro fiscal sea el fiscal anticorrupción y que cada fiscal investigue los delitos comunes y contra el Estado. Sostuvo que la designación de Jerez no estuvo de acuerdo con la normativa vigente, ni con la Constitución. "La culpa es de la Corte Suprema por no haber actuado de oficio", agregó. Añadió que si se subsana este problema, todos los fiscales podrían intervenir, con lo que el sistema tendría "más eficacia y transparencia".
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