La lucha no puede ni debe centrarse en un solo hombre

Urge establecer un fuero específico, al frente del cual tienen que estar personas idóneas. (Por Carlos Caramuti, profesor de Derecho Penal).

Por Redacción Política 14 Julio 2002
La Fiscalía Anticorrupción tuvo el mérito de responder a un sentido reclamo de la comunidad: la investigación de delitos cometidos al amparo del poder y en perjuicio de los dineros públicos. Nació, sin embargo, con una debilidad. No fue fruto de la ley sino inspiración de una persona que provenía del poder político y que, luego de un fugaz paso por el Ministerio Público, volvió a aquel.
Pese a las expectativas generadas, aún no pudieron apreciarse resultados importantes. Más allá de no pocas investigaciones resonantes sobre hechos aparentemente graves en los que estarían involucrados funcionarios y personas vinculadas al poder político, las causas no llegan a juicio oral y público. Eso no es bueno. Vale la pena reflexionar sobre las causas de este aparente fracaso, que genera desazón en la sociedad.
Pese a las estridentes declaraciones iniciales de la máxima autoridad provincial, resulta clara la resistencia generada en el poder político por la actuación independiente de la Fiscalía.
Buena prueba de ello son no sólo los intentos de destituir a su titular, sino las altisonantes declaraciones de algunos investigados y la fracasada ley que pretendió quitar al fiscal Esteban Jerez la competencia en las causas que investigaba. Y ello ocurrió cuando se investigaban causas que rozaban directamente a personas vinculadas a funcionarios del más estrecho círculo del poder político. Sólo la espontánea reacción de las entidades intermedias y de la comunidad toda impidió que aquello ocurriera.
Para llevar a buen puerto las investigaciones no bastan la buena voluntad y la constante presencia mediática. Tal vez esta última es inevitable por la naturaleza e interés de los hechos investigados. Pero lo importante no pasa por allí. Las investigaciones no sólo deben ser serias, rápidas y dadas a publicidad, sino que los actos procesales y requerimientos deben ser debidamente fundados y respetuosos de las formas y garantías procesales. Cuando la expectativa que se genera en la ciudadanía no va acompañada de resultados o los procesos fracasan por defectos formales, la decepción crece y el descreimiento en la Justicia puede ser irreversible.

Cuidadosos nombramientos
Es absolutamente necesario un fuero especializado para la investigación de delitos vinculados al poder. Lo que se avanzó no debe ser desperdiciado. Pero no parece razonable ni conveniente la personalización. Ello desgasta al hombre y a la institución.
Respetando la competencia de las causas asignadas a su titular, parece conveniente una ley que cree una competencia específica y que se otorgue a sus titulares los recursos humanos y materiales suficientes para desarrollar con eficiencia la tarea.
Los titulares de esas Fiscalías deben ser liberados de las otras causas para que la atención de ellas no quede relegada, como sucede con muchas de las que siguen siendo competencia de la actual Fiscalía Anticorrupción.
Especial cuidado deberá ponerse en la designación de las personas que se ocupen de tan relevante tarea. Además de la idoneidad y capacidad, la independencia respecto de cualquier interés político, oficialista, opositor o de cualquier índole, debe ser la preocupación más importante. Y el trabajo serio, técnicamente fundado; la formación constante, y el coraje cívico para ir a fondo, no exento de la mayor prudencia y celo para evitar cualquier contaminación política o mediática, deben ser los rumbos a seguir.
Si a ello se agrega el necesario respeto de las garantías de quienes resulten sospechados, investigados o acusados y a la independencia con que se lleven adelante los procesos, sin intromisiones por parte de los demás poderes, se puede seguir abrigando esperanzas en la lucha contra la corrupción. Pero no hay que creer que la creación del fuero anticorrupción podrá solucionar, por sí solo, todos los males. La transparencia y los controles preventivos también deben ser mejorados. Sin un sincero cambio de los comportamientos públicos de todos los actores políticos y sociales, la pelea está perdida de antemano.
La tarea comenzó pero aún está inconclusa. Falta mucho camino por recorrer. La palabra la tienen todos los protagonistas. (Por Carlos Caramuti, profesor de derecho penal de la UNT).

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