El problema está en los jueces. Urge una reforma judicial a fondo, tanto o más que una política. Hay que nombrar magistrados honestos y para eso hay que cambiar a los jueces y a todos los funcionarios judiciales, por lo menos en la Capital Federal es así. Todos tendrían que revalidar sus títulos, morales e intelectuales, para ocupar estos cargos, como se hizo en 1983 cuando volvió la democracia: los que no tenían acuerdo del Senado se fueron, es decir, todos. Y vamos a ver a quiénes convalidamos. No sé si es que hay que ponerlos en comisión, pero hay que estudiar caso por caso y dejar a los decentes.
Para luchar contra la corrupción no es imprescindible un fuero específico, basta con que haya honestidad. En este país no hay justicia porque todos están al servicio del Poder Ejecutivo. Esto es lo que, al menos, se da en el país, pero debe darse lo mismo en las provincias. Si ocurre en la nación es porque antes se produjo en las provincias. Lo mismo sucede con los supuestos organismos de contralor, que no controlan a nadie. Esto es una obra del menemismo, por lo menos en el orden nacional, que comenzó con hacerse una Corte Suprema a su medida.
El desafío de la década
Así como en la década de 1980 nos concentramos en perseguir y condenar las violaciones a los derechos humanos, hoy hay que hacer lo propio con la corrupción, a partir de una Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) de la corrupción. Es la misma e insoslayable tarea. No hay salida política posible sin una reforma judicial a fondo, porque puede mejorar un poco la política pero si existen jueces deshonestos no se va a ninguna parte.
La reestructuración no implica quitarles a los jueces la estabilidad. No. Pero ella debe durar mientras dure la buena conducta. Pero los organismos encargados de juzgar el comportamiento de los jueces no sirven para nada. En España, al Consejo General del Poder Judicial lo forman sólo magistrados, jueces y abogados de la matrícula. Aquí, en cambio, al Consejo de la Magistratura lo integran políticos y, entonces, terminan llegando -o persistiendo- a la magistratura quienes ellos quieren.
Algunos dicen que es un peligro institucional incluir a los jueces en el que se vayan todos, pero mayor peligro es que se queden. Claro, debe ser una medida excepcional, pero hay que refundar la república y para ello hay que comenzar por la justicia. Sin ella no puede funcionar una sociedad. Y para ello no hay que retocar los códigos o crear fueros específicos, con la honestidad y con los códigos que tenemos alcanza. Sólo hay que aplicarlos. (Julio César Strassera, fiscal federal de Cámara (1983-88)-actuó en el histórico juicio contra las juntas militares).
Para luchar contra la corrupción no es imprescindible un fuero específico, basta con que haya honestidad. En este país no hay justicia porque todos están al servicio del Poder Ejecutivo. Esto es lo que, al menos, se da en el país, pero debe darse lo mismo en las provincias. Si ocurre en la nación es porque antes se produjo en las provincias. Lo mismo sucede con los supuestos organismos de contralor, que no controlan a nadie. Esto es una obra del menemismo, por lo menos en el orden nacional, que comenzó con hacerse una Corte Suprema a su medida.
El desafío de la década
Así como en la década de 1980 nos concentramos en perseguir y condenar las violaciones a los derechos humanos, hoy hay que hacer lo propio con la corrupción, a partir de una Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) de la corrupción. Es la misma e insoslayable tarea. No hay salida política posible sin una reforma judicial a fondo, porque puede mejorar un poco la política pero si existen jueces deshonestos no se va a ninguna parte.
La reestructuración no implica quitarles a los jueces la estabilidad. No. Pero ella debe durar mientras dure la buena conducta. Pero los organismos encargados de juzgar el comportamiento de los jueces no sirven para nada. En España, al Consejo General del Poder Judicial lo forman sólo magistrados, jueces y abogados de la matrícula. Aquí, en cambio, al Consejo de la Magistratura lo integran políticos y, entonces, terminan llegando -o persistiendo- a la magistratura quienes ellos quieren.
Algunos dicen que es un peligro institucional incluir a los jueces en el que se vayan todos, pero mayor peligro es que se queden. Claro, debe ser una medida excepcional, pero hay que refundar la república y para ello hay que comenzar por la justicia. Sin ella no puede funcionar una sociedad. Y para ello no hay que retocar los códigos o crear fueros específicos, con la honestidad y con los códigos que tenemos alcanza. Sólo hay que aplicarlos. (Julio César Strassera, fiscal federal de Cámara (1983-88)-actuó en el histórico juicio contra las juntas militares).
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