¿Por qué aún no hay ninguna condena por corrupción en Tucumán? ¿Acaso no se cometieron o cometen delitos contra el erario? ¿Dónde está el problema: en la Fiscalía Anticorrupción o en los juzgados de Instrucción encargados de elevar las causas a juicio? ¿Acaso ambos niveles judiciales actúan persiguiendo fines de política criminal diferentes? ¿Cómo se puede hacer más efectiva la lucha contra este flagelo tan denostado hoy por la sociedad? Ante tantos interrogantes, LA GACETA consultó a numerosos especialistas. Las respuestas son muy dispares, pero todos coinciden en que sólo con fiscales y jueces verdaderamente independientes del poder político podrá sancionarse a los culpables.
El 1 de junio de 2000, el por entonces ministro fiscal de la Corte Suprema, José Ricardo Falú, le asignó al fiscal de Instrucción de la VI Nominación, Esteban Jerez , competencia específica para investigar los presuntos delitos cometidos contra el Estado desde el límite norte de la provincia hasta el municipio de Simoca en el sur, sin incluirlo.
Desde entonces, se abrieron unas 400 causas, muchas de las cuales aún están en trámite. Para alrededor de 40 de aquellas, Jerez requirió la elevación a juicio, pero hasta el momento sólo siete (y no precisamente las más relevantes) fueron efectivamente giradas a la Cámara Penal por el juez de Instrucción correspondiente. Estos flacos números obligan a preguntar dónde está el cuello de botella del sistema.
De las opiniones recabadas surge que, mientras algunos recargan las tintas sobre los jueces -son los que, en definitiva, deben elevar a juicio las causas-, otros piensan que urge habilitar un fuero específico (penal económico), abocado a la investigación de los casos de corrupción. Esto último requeriría la creación de otras fiscalías anticorrupción pero -argumentan- sin desplazar a Jerez. En efecto, buena parte de la sociedad se movilizó en abril ante el intento legislativo de quitarle al fiscal la competencia exclusiva que hoy posee.
Jerez contesta que, antes que crear nuevas fiscalías, habría que dotar a la suya de dos nuevas secretarías. "Distintos criterios de investigación con dos o más cabezas atentarían contra lo que se busca: celeridad para arribar a la verdad", dice. El debate está abierto.
El 1 de junio de 2000, el por entonces ministro fiscal de la Corte Suprema, José Ricardo Falú, le asignó al fiscal de Instrucción de la VI Nominación, Esteban Jerez , competencia específica para investigar los presuntos delitos cometidos contra el Estado desde el límite norte de la provincia hasta el municipio de Simoca en el sur, sin incluirlo.
Desde entonces, se abrieron unas 400 causas, muchas de las cuales aún están en trámite. Para alrededor de 40 de aquellas, Jerez requirió la elevación a juicio, pero hasta el momento sólo siete (y no precisamente las más relevantes) fueron efectivamente giradas a la Cámara Penal por el juez de Instrucción correspondiente. Estos flacos números obligan a preguntar dónde está el cuello de botella del sistema.
De las opiniones recabadas surge que, mientras algunos recargan las tintas sobre los jueces -son los que, en definitiva, deben elevar a juicio las causas-, otros piensan que urge habilitar un fuero específico (penal económico), abocado a la investigación de los casos de corrupción. Esto último requeriría la creación de otras fiscalías anticorrupción pero -argumentan- sin desplazar a Jerez. En efecto, buena parte de la sociedad se movilizó en abril ante el intento legislativo de quitarle al fiscal la competencia exclusiva que hoy posee.
Jerez contesta que, antes que crear nuevas fiscalías, habría que dotar a la suya de dos nuevas secretarías. "Distintos criterios de investigación con dos o más cabezas atentarían contra lo que se busca: celeridad para arribar a la verdad", dice. El debate está abierto.
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