Un fallo de la Justicia Federal confirmó el procesamiento, aunque sin prisión preventiva, y el embargo por hasta $5.000 de los bienes del titular del Sindicato del Personal de Vialidad, José Antonio Teri, por un corte de ruta que encabezó en 1999. La sentencia es importante porque puede marcar un precedente para quienes, al protestar, impidan el tránsito en caminos nacionales.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en una resolución que contó con los votos favorables de Ricardo Mario Sanjuán, Raúl David Mender y Marina Cossio de Mercau, y la disidencia de Ernesto Clemente Wayar.
A Teri se le imputa haber interrumpido el tránsito en la ruta nacional 157, intersección con la 323, en El Cruce (Río Colorado), así como intimidación pública. Para estos delitos el Código Penal prevé penas de prisión de 3 meses a 2 años (artículo 194) y de 3 a 6 años (artículo 212).
El corte de ruta fue concretado el 2 de setiembre de 1999 por personal de la Dirección Provincial de Vialidad en protesta por un proyecto que preveía la ampliación de la Ley de Emergencia Económica hasta 2003.
Lo que convenció a la mayoría de la Cámara de que había que ratificar el fallo de primera instancia del juez Jorge Parache fue el testimonio de los policías que declararon en la causa. "Ellos acreditaron que el imputado impidió el paso de todo tipo de transporte por las rutas, utilizando cubiertas quemadas ubicadas en la calzada de ellas. Asimismo, incitaba a sus compañeros a desplegar dicha conducta delictiva", dijeron.Wayar, en cambio, advirtió "una escasa actividad instructoria que permita esclarecer la verdad material o real de lo acontecido". "Las declaraciones del personal policial no bastan para modificar las falencias apuntadas y dictar un auto de procesamiento", concluyó.
La decisión fue adoptada por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, en una resolución que contó con los votos favorables de Ricardo Mario Sanjuán, Raúl David Mender y Marina Cossio de Mercau, y la disidencia de Ernesto Clemente Wayar.
A Teri se le imputa haber interrumpido el tránsito en la ruta nacional 157, intersección con la 323, en El Cruce (Río Colorado), así como intimidación pública. Para estos delitos el Código Penal prevé penas de prisión de 3 meses a 2 años (artículo 194) y de 3 a 6 años (artículo 212).
El corte de ruta fue concretado el 2 de setiembre de 1999 por personal de la Dirección Provincial de Vialidad en protesta por un proyecto que preveía la ampliación de la Ley de Emergencia Económica hasta 2003.
Lo que convenció a la mayoría de la Cámara de que había que ratificar el fallo de primera instancia del juez Jorge Parache fue el testimonio de los policías que declararon en la causa. "Ellos acreditaron que el imputado impidió el paso de todo tipo de transporte por las rutas, utilizando cubiertas quemadas ubicadas en la calzada de ellas. Asimismo, incitaba a sus compañeros a desplegar dicha conducta delictiva", dijeron.Wayar, en cambio, advirtió "una escasa actividad instructoria que permita esclarecer la verdad material o real de lo acontecido". "Las declaraciones del personal policial no bastan para modificar las falencias apuntadas y dictar un auto de procesamiento", concluyó.
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