El acceso a una alimentación suficiente y adecuada presenta una geografía desigual. Un estudio del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) combina su encuesta de hogares con los censos de 2010 y 2022 para estimar el riesgo de privación alimentaria severa y localizarlo en radios censales, departamentos, provincias y regiones. El reporte concluye que más de 1,5 millón de hogares argentinos experimentan hambre.
El promedio nacional de la probabilidad estimada de inseguridad alimentaria severa pasa de 7,9% (961.562 hogares) en 2010 a 9,5% en 2022 (1.513.569), un aumento de 1,5 punto porcentual, explica el reporte. Aplicando a la cantidad de hogares relevadas por el Censo 2022, habría 552.007 hogares más en condición de riesgo de inseguridad alimentaria. El norte continúa concentrando los niveles más elevados. En 2022, los promedios más altos corresponden a Formosa (18,77%), Chaco (17,46%) y Santiago del Estero (17,4%). Esta última disminuye desde 19%; Chaco permanece casi estable. Misiones también desciende, de 16,25% a 14,5%.
Los aumentos alcanzan territorios que partían de promedios inferiores. Mendoza pasa de 7% a 9,4%; Santa Fe, de 7,1% a 9,2%; y el Conurbano bonaerense, de 7,7% a 9,4%. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) conserva el menor promedio, aunque aumenta de 2,6% a 3,9%. Según el Observatorio de la Deuda Social Argentina, la probabilidad promedio estimada de inseguridad alimentaria severa de los hogares tucumanos subió de un 11,45% (en 2010) a un 12,8% (en 2022).
Durante la presentación del informe en el marco del webinar “Alimentar el futuro. Acelerando los ODS para la seguridad nutricional y sostenible en LATAM”, el titular del observatorio de la UCA, Agustín Salvia, se refirió a las transferencias de ingresos y a la pobreza extrema. Explicó que los hogares que reciben Asignación Universal por Hijo (AUH), la Tarjeta Alimentar y las pensiones no contributivas, pasaron de uno de cada cuatro a casi cuatro de cada 10, “lo cual es una ampliación de la protección social”. Sin embargo, destacó: “la pobreza extrema aumentó, lo cual plantea interrogantes sobre la eficacia de las transferencias como una medida para reducir privaciones sustantivas”. Para Salvia, esa convivencia entre más cobertura y más privaciones marca un problema estructural, en el que resultan centrales el trabajo, la inserción económico-ocupacional y la inversión en educación, salud y redes de protección social.
Nivel de la problemática
¿Por qué un mapa del riesgo alimentario? “No tenemos medidas y esta es la preocupación. No tenemos medidas sobre lo que está ocurriendo en el territorio, a un nivel desagregado microsocial y microterritorial, que permita, justamente, intervenciones focalizadas o universales, pero que tengan criterio del nivel de demanda y del nivel de la problemática”, dijo Salvia. Según explicó, el mapa también permite estudiar las causas y caracterizar mejor a los hogares que padecen inseguridad alimentaria. Aclaró que el estudio estima la inseguridad alimentaria severa, “que es el peor de los escenarios”, donde los hogares registran experiencias de hambre de manera frecuente, y que por eso marca un piso para la Argentina. En un país productor y exportador de alimentos, estar cerca de uno de cada 10 hogares en esa situación, y mucho más en las zonas rurales, “marca una problemática sobre la cual hay que atacar”. “Acá hay una situación completamente inaceptable”, afirmó, y planteó que el Estado “debe ser políticamente corresponsable en su solución, y no solamente las organizaciones sociales o el mercado”.
