Duro cruce entre el PEN y la Corte Suprema

Buenos Aires.- La polémica que se generó tras la excarcelación de Omar Chabán derivó ayer en un duro cruce entre el Gobierno nacional e importantes miembros del Poder Judicial, como el ministro de la Corte Eugenio Zaffaroni, que pidió que no se "trate de conseguir votos sobre la base de una tragedia".
Estas declaraciones de Zaffaroni fueron replicadas por ministro del Interior, Aníbal Fernández, que afirmó que el Gobierno no puede "mirar para el costado" frente a la "conmoción" que provocó el fallo.
Más temprano, Zaffaroni -que llegó a la Corte a propuesta del presidente Néstor Kirchner- había reclamado que no se exacerbe a la opinión pública a raíz de las derivaciones del incendio del boliche República Cromagnon, en el cual murieron, el 30 de diciembre, 193 personas.
Tanto Kirchner como el jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, habían cuestionado la decisión de los camaristas Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós a favor de la excarcelación de Chabán. El mandatario, concretamente, había calificado la decisión judicial como "una bofetada a la sociedad". El Gobierno pidió al procurador general, Esteban Righi, que reclame la revisión del fallo.
Zaffaroni advirtió por su parte que hay impunidad para el poder. "En la medida que alguien está más cerca del poder tiene un nivel menor de vulnerabilidad al poder punitivo", señaló y sostuvo: "sería conveniente dejar a la Justicia trabajar tranquila, que cada competencia decida lo que debe decidir". Calificó de "explicable" que los políticos se suban o se monten sobre cualquier emergencia para sumar votos, pero fue contundente al respecto: "hasta en la política hay ciertos límites éticos", advirtió. Señaló que comprende, en cambio, "la impaciencia y la bronca" de los familiares de las víctimas de la tragedia.
El magistrado reconoció que tiene una opinión contraria a la figura de la prisión preventiva y la calificó de "pena anticipada", si bien reconoció que no se puede eliminar.
Otro vocal de la Corte, Carlos Fayt, insistió que los jueces sienten el mismo dolor y la misma preocupación que los familiares, pero marcó las diferencias: "nosotros tenemos la obligación de cumplir con nuestra tarea, que es decidir y juzgar", advirtió
También la Cámara del Crimen rechazó las declaraciones de Kirchner y de otros políticos sobre la excarcelación, y exigió que se respete la división de poderes. Según los integrantes de la Cámara, los políticos adoptaron lo que describieron como "una postura de presunta solidaridad emocional con los familiares de las víctimas, que incuestionablemente es tendenciosa y sacada del marco jurídico e institucional, tal vez para evitar constituirse en el objeto de la ira popular, de la cual hubo, en la historia reciente de nuestro país, numerosas manifestaciones".

Juicio político
La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura decidió abrir una investigación por presunta mal desempeño de sus funciones de los camaristas que dispusieron la liberación de Chabán, según había solicitado el diputado Jorge Casanovas. Ibarra, por su parte, reiteró ayer su desacuerdo con el fallo, pero admitió que los magistrados que resolvieron en tal sentido actuaron "de acuerdo con sus convicciones y no según algún tipo de especulación", y que el fallo debe respetarse".
Ayer la Corte -tal como se preveía- decidió rechazar el pedido del querellante y del fiscal para que resuelvan la situación de Chabán. (DyN-NA-Télam)

Callejeros salió a apoyar a los jueces
BUENOS AIRES.- "El avasallamiento a la intangibilidad de los jueces afecta a todas las partes del proceso, a los imputados y a los querellantes". Así dice una declaración de la banda Callejeros, que de esta forma se opuso a la separación de la causa de los camaristas que excarcelaron al empresario Omar Chabán, principal procesado por la masacre de República Cromagnon.
En el escrito presentado ante la Cámara del Crimen, los abogados Adrián Maloneay y Mariano Silvestroni sostienen que la excusación de los jueces María Laura Garrigós de Rébori y Gustavo Bruzzone fue producto de lo que consideran "un ataque ilegítimo a la independencia y a la imparcialidad de los jueces de la Nación". La defensa de los integrantes de la banda - imputados de homicidio culposo- sostiene que los magistrados de una causa no pueden ser sustituidos o designados como consecuencia de las presiones de la opinión pública, de empresas comerciales o de poderes del Estado.
En tanto, tres de los cuatro querellantes de la causa acordaron ayer formalizar una presentación en conjunto para pedir al juez de la causa, Julio Lucini, la indagatoria del jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra. La medida fue acordada esta tarde por los abogados Patricio Poplavsky, Fernando Soto y María del Carmen Verdú. Los tres abogados confirmaron que tomarán contacto con José Iglesias, el cuarto querellante, para que también firme el escrito que presentarán mañana.
En el marco de la causa, seis ex funcionarios del Gobierno porteño -entre ellos, la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin- ya fueron procesados, cinco de ellos por homicidio culposo e incumplimiento de los deberes de funcionario público y el sexto sólo por el segundo delito. (Télam-NA)

Máximo Sozzo
Criminólogo de la UN del Litoral
La intervención del Poder Ejecutivo en el caso Cromagnon se inscribe en un fenómeno más amplio, que se vincula con lo que está ocurriendo con la Justicia penal. Ese fenómeno más medular es lo que se llamaría una nueva politización de la cuestión del delito y de la pena. El tema se ha transformado en un elemento del que es posible obtener un rédito político inmediato, utilizando acciones públicas que sólo tienden a producir efectos simbólicos.
En este caso, por ejemplo, la reacción del PEN ante un fallo judicial que se cuestiona sin utilizar argumentos técnicos sólo busca crear una empatía con las víctimas de la tragedia o con las corrientes de opinión más generales que estarían circulando entre la ciudadanía. Claramente, lo que se busca, en un sentido demagógico, es aprovechar este tipo de oportunidades para conseguir apoyo político. Esto es algo que tuvo consecuencias dramáticas en la historia argentina contemporánea. Basta recordar las reformas del Código Penal para ver como estos factores políticos reaccionaron con actitudes demagógicas, ya que endurecieron las penas para los delitos comunes sin generar resultados positivos.

Sebastián Herrera Prieto
Especialista en Derecho Penal (UNT)
Hay que distinguir entre hechos graves y delitos graves. En el caso Cromagnon estamos frente a un hecho grave en sus consecuencias, pero leve en su consideración delictual. La configuración delictiva no cambia por el número de víctimas, sino por la conducta y por la intencionalidad del autor. Considero que estamos frente un hecho culposo y recalco que la libertad del imputado es la regla en el proceso penal.
La reacción de los familiares de las víctimas y el pensamiento de algunos comunicadores condicionan a los magistrados intervinientes, que deben trabajar libres de presiones. La actitud tomada por el Presidente ha contribuido en este sentido. El Poder Ejecutivo Nacional no debe opinar al respecto, y mucho menos instruir a nadie a tomar posición alguna en referencia a un caso del que no es parte.
A la gente hay que decirle la verdad, puesto que los discursos de emergencia distorsionan lo que ocurre. De allí que la sociedad asimila una liberación a una absolución y alimenta la sensación de impunidad. Eso no es cierto; todos tenemos derecho a ser considerados inocentes hasta tanto un fallo de la Justicia diga lo contrario.

José Agustín Ferrari
Docente Derecho Penal I (UNT)
Frente a la decisión judicial de quienes votaron a favor de la excarcelación de Omar Chabán, desde las altas esferas del poder político se ha instalado una falacia politicista. Esta consiste en la opinión de un poder del Estado que critica el desempeño de los magistrados, y produce un avance inaceptable sobre un poder independiente. Desde el poder político se elimina mentalmente la idea de la existencia de sistemas normativos de garantías y, en definitiva, se tiende a deslegitimar al Poder Judicial. La actitud evidencia una pretendida exorcización desde el poder político sobre las decisiones judiciales, lo que constituye fuente de salidas autoritarias. La legitimación de las decisiones judiciales nada tiene que ver con la democracia ligada a la representación.
Sin desconocer que nos encontramos inmersos en una crisis, proceso del cual no escapa ni el propio Derecho, resultan acertadas las expresiones del maestro italiano Ferrajioli, que sostiene: "no existe otra respuesta a la crisis del Derecho que el derecho mismo; este es el único camino para responder a la complejidad social y para salvar, con el futuro del Derecho, también el futuro de la democracia".

Fabián Balcarce
Doctor en Derecho de la UN de Córdoba
La discusión entre garantismo y antigarantismo es falsa. Sólo hay proceso en un estado democrático con garantías. Si no hay garantías, el perjudicado no es el culpable, sino el inocente que ingresa en un sistema arbitrario que puede decidir, por ejemplo, la prisión preventiva. Es preferible mil culpables libres que un inocente preso; es el precio que hay que pagar por vivir en un estado de derecho.
En nuestro país hay una causal pretoriana que consigna que no hay causa sin preso. El problema no es que Chabán o que María Julia estén libres mientras se sustancia el proceso, sino que debería ser al revés. Es decir los otros también tendrían que estar en libertad. Hay un ejercicio arbitrario de la prisión preventiva, que es una figura que se utiliza para tener de rehenes a personas con el sólo objeto de llegar al final del proceso. La regla es la libertad, así lo establece la Constitución; y en el caso Cromagnon los camaristas tuvieron una opinión vinculada a esas convicciones. Creo que la actitud del Poder Ejecutivo Nacional es causal de juicio político. Me parece gravísima la intervención en el Poder Judicial y la actitud de enquistar al pueblo en contra de jueces intachables.