Barrio privado: Jaldo defendió la desafectación de una calle y destacó el fin social

El gobernador Osvaldo Jaldo se refirió por primera vez a la controversia que se generó a partir de la desafectación del dominio público de una calle que catastralmente estaba proyectada en la comuna de El Manantial, entre las rutas 339 y 301, para que sea incorporada al desarrollo de un barrio privado. En conferencia de prensa, el mandatario ponderó el fin social ya que remarcó que, como contraprestación y sin que el Gobierno ponga dinero, 80 familias podrán regularizar su situación dominial. Sin embargo, no mencionó nada respecto a la planificación metropolitana y las consecuencias que puede tener a futuro.

“Se está desafectando tierras que supuestamente eran para caminos que no se usan para normalizar y regularizar la situación de 80 familias que hicieron sus casas, inversiones, que viven sus familias y que no era justo que se desaloje”, expresó Jaldo respecto a la determinación que tomó la Legislatura -por mayoría- a través de dos proyectos sancionados, que fueron modificados posteriormente por observaciones hechas en la Casa de Gobierno.

Proyectos bajo estudios

La fiscal de Estado, Gilda Pedicone, precisó que actualmente el expediente está circulando por todas las áreas técnicas, con informes en desarrollo, para que el gobernador reciba toda la documentación en sus manos y defina si promulgará o no la ley. “Ahí van a estar los informes de las áreas técnicas sobre las objeciones del anterior proyecto y que ahora se están enmendando. Por ahora lo que tenemos como Poder Ejecutivo (PE) es el proyecto remitido por la Legislatura y está circulando por áreas técnicas la viabilidad de su aprobación. El gobernador, llegado el momento, con esos informes, tomará una decisión”, mencionó ante una consulta de LA GACETA.

Los dos proyectos de ley que se sancionaron y que, previo a su promulgación, tuvieron modificaciones a través de nuevas iniciativas aprobadas, proponen la desafectación de dos caminos públicos que fueron proyectados catastralmente en terrenos que hoy pertenecen a la firma Citrusvil: uno en la comuna de El Manantial y otro en la comuna de San Pablo. Por la autorización del primero, la firma se compromete -según los autores del proyecto- a regularizar la situación dominial de los vecinos del barrio San Roque, ubicado detrás del Parque Logístico Manantiales. Por el segundo, se plasmó que se busca hacer lo mismo con vecinos de Ohuanta, sector incluido en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). En total son unas 80 familias.

“Una gran decisión”

En la conferencia, Jaldo aseguró que si no se desafectaban los caminos a cambio de la regularización dominial, la Justicia podría desalojar a las familias o la Provincia tenía que expropiar esas tierras. Calificó como “una gran decisión” la determinación que tomó la Legislatura, a pesar de que los proyectos tuvieron falencias iniciales que fueron corregidas en la última sesión para poder ser promulgados. “¿Saben qué significa promulgar esa ley? Que estas 80 familias de por vida tendrán propiedad propia. Van a tener su escritura y van a poder vivir ellos, sus hijos, sus nietos y las sucesivas generaciones”, insistió.

Jaldo, a su vez, cargó contra la oposición que puso en alerta que con el cierre del camino de El Manantial, de unos 600 metros de extensión, se perdería la única vía de escape entre las rutas 339 y 301, y que, en consecuencia, habría 2,5 kilómetros de emprendimientos privados de manera ininterrumpida. Se puso en tela de juicio la falta de planificación y de mirada a futuro de parte de la Provincia, de manera metropolitana, algo en lo que coincidieron distintas urbanistas consultadas por este diario.

“La verdad es que la oposición tiene opiniones sin conocer el fondo de las cuestiones o sin considerar la situación de la gente. Esto tiene que quedar muy claro: no le costó un peso al Gobierno y le hemos solucionado de por vida la propiedad a 80 familias; van a tener una escritura, la vamos a hacer vía Casa de Gobierno. Es el instrumento que garantiza la propiedad de las personas”, mencionó el dirigente tranqueño.

Ohuanta, protegido por ley

La arquitecta Marta Casares, especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente e integrante de Sociedad Argentina de Planificación Territorial, advirtió a este diario que en los nuevos textos aprobados los inmuebles sujetos a donación no están identificados con claridad suficiente, y mencionó que tampoco se indica cuál es la situación actual de la posesión. Advirtió que un sector de Ohuanta se encuentra en el Régimen de Integración Socio Urbana (Ley 27.453) y que, por lo tanto, es un área declarada de interés público.

La urbanista consideró que, desde una mirada urbanística y territorial, hay falencias en la desafectación aprobada ya que “constituye una decisión territorial con efectos permanentes sobre la estructura urbana y la organización futura del área metropolitana”. “El tratamiento legislativo del caso pone en evidencia la ausencia de un marco institucional que permita determinar, mediante criterios técnicos, transparentes y verificables, cuándo una desafectación resulta compatible con el interés público y cuándo, por el contrario, compromete las posibilidades de desarrollo futuro del territorio tucumano”, opinó.

Vecinos del barrio Virgen del Valle, ubicado al final del camino que se busca desafectar, reconocen que por ese sector hoy no se puede transitar y que hay un canal de desagüe hasta la avenida Vicente Lucci. Sin embargo, advirtieron que no siempre fue así. Dijeron que durante décadas hubo un camino que les permitía llegar de modo directo hasta la Escuela N°12 “Provincia de Chaco”, en San Pablo. Y esa versión está respaldada por registros satelitales disponibles en herramientas de Google como StreetView y Earth.

Devolución del PE

La determinación que tomó el oficialismo por mayoría también fue muy reprochada por la oposición. A su vez, previo a las modificaciones, se conoció que la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio del Interior plasmó cuestionamientos a las iniciativas aprobadas inicialmente, entre ellas que era “insuficiente la fundamentación de la pérdida de utilidad pública de la calle”. Se señaló que no se acreditó adecuadamente por qué el camino habría dejado de cumplir la función pública que justificó su afectación. En ese sentido, se remarcó que la desafectación exige demostrar la inexistencia de necesidades de tránsito o conectividad, fundamentos que tampoco se acoplaron en las modificaciones.

La Dirección de Asuntos Jurídicos, de todos modos, señaló en dicha comunicación que era necesario avanzar con las gestiones a pesar de las observaciones técnicas señaladas dado que habrá una contribución para familias de la zona que residen de modo irregular.