Marta Casares
Especialista en Ordenación del Territorio y Medio Ambiente - Integrante de Saplat
La controversia generada por la desafectación de tierras públicas en San Pablo y El Manantial no puede analizarse simplemente como un debate sobre una calle, un padrón o un emprendimiento inmobiliario. La utilidad pública de una calle no depende únicamente de la cantidad de vehículos que circulan por ella en la actualidad, sino de la capacidad para responder a necesidades colectivas presentes y futuras. En este sentido, la desafectación aprobada por la Legislatura provincial constituye una decisión territorial con efectos permanentes sobre la estructura urbana y la organización futura del área metropolitana. Desde una mirada urbanística y territorial, el proyecto presenta al menos tres deficiencias sustanciales. En primer lugar, no demuestra la pérdida efectiva de utilidad pública del camino, limitándose a describir su escasa utilización actual sin evaluar su función estratégica futura. En segundo lugar, desconoce las consecuencias metropolitanas de la desafectación, especialmente en una zona sometida a intensos procesos de expansión urbana y a una creciente demanda de conectividad. Finalmente, aun considerando las modificaciones introducidas, no logra acreditar la existencia de un interés público compensatorio superior que justifique la pérdida irreversible de un bien perteneciente al dominio público. La ley aprobada está sustentada en una lógica predominantemente parcelaria e inmobiliaria, sin incorporar los criterios de planificación territorial, gestión metropolitana y protección del patrimonio público que exige una administración responsable del territorio en el siglo XXI. El tratamiento legislativo del caso pone en evidencia la ausencia de un marco institucional que permita determinar, mediante criterios técnicos, transparentes y verificables, cuándo una desafectación resulta compatible con el interés público y cuándo, por el contrario, compromete las posibilidades de desarrollo futuro del territorio tucumano. De hecho, preguntas fundamentales en lo que respecta a lo metropolitano ni siquiera parecen haber sido formuladas durante el expeditivo debate legislativo: ¿qué impactos tendrá la pérdida de esta reserva pública sobre la movilidad futura? ¿Qué función cumple este corredor dentro de la estructura vial metropolitana? ¿Qué escenarios de crecimiento se prevén para San Pablo y El Manantial en los próximos veinte o treinta años? ¿Existen alternativas equivalentes de conectividad? ¿Qué intereses colectivos podrían verse afectados por esta decisión?. La pregunta relevante no es si actualmente circulan vehículos o peatones por el camino, sino si el Estado puede demostrar técnicamente que dicho corredor carece de valor estratégico presente y futuro para el sistema territorial. Llama particularmente la atención la ausencia de una opinión técnica de la Unidad de Gestión Provincial de Ordenamiento Territorial, organismo creado por el Poder Ejecutivo precisamente para intervenir en cuestiones vinculadas al desarrollo territorial equitativo y sostenible de las áreas urbanas, rurales y naturales de la Provincia. La ausencia de debate sobre la escala metropolitana revela, además, un problema estructural de la provincia. San Pablo y El Manantial ya no pueden ser entendidos como ámbitos territoriales aislados. Forman parte de una estructura urbana continua que se articula funcionalmente con San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Lules, Tafí Viejo y otros municipios que integran el sistema metropolitano. La iniciativa aborda la desafectación exclusivamente desde una perspectiva parcelaria, sin considerar sus implicancias sobre el conjunto del territorio metropolitano. Aún más, en la escala local sin considerar que la población localizada en la inmediaciones del sector será la más vulnerada por las dificultades de conectividad derivadas de la desafectación que la ley habilita.
Debilidades institucionales
El caso expone una de las principales debilidades institucionales de Tucumán: la ausencia de una visión compartida sobre el futuro del sistema urbano provincial y metropolitano, la urgencia de avanzar hacia un marco provincial de ordenamiento territorial que oriente las transformaciones del suelo desde una perspectiva estratégica, integrada y de largo plazo. Sin instrumentos de ordenamiento territorial y planificación metropolitana las decisiones continuarán resolviendo “casos” de manera fragmentada, sin evaluar impactos territoriales acumulativos y sin garantizar que el interés general prevalezca sobre intereses particulares o coyunturales.
Lo que está en discusión es la capacidad del Estado de preservar aquellas reservas territoriales que las generaciones futuras necesitarán para garantizar movilidad, integración urbana, acceso equitativo a la ciudad y desarrollo territorial sostenible. Tucumán necesita una política territorial de largo plazo . La sanción de un marco legal correspondiente es la gran asignatura pendiente del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo Provincial.
