La madrugada del sábado volvió a teñir de rojo la ruta nacional N° 9. A la altura del kilómetro 1.251, en el departamento Leales, Tucumán, los restos de un Ford Ka y una rastra cañera quedaron como testimonio de una nueva tragedia. Cuatro personas oriundas de Santiago del Estero -Daniel Alberto Díaz (57), Sandra Isabel Ligios (59), Macarena Russo Ligios (31) y una niña de siete años- perdieron la vida en el enésimo accidente fatal de una zona que, lamentablemente, ya se ha vuelto recurrente en la estadística de siniestros viales.
El dolor de esta familia santiagueña no es un hecho aislado. Es la punta del iceberg de un problema estructural que atraviesa al Noroeste argentino con una crudeza que los números no dejan lugar a dudas. El reciente Informe de Siniestralidad Vial Fatal 2025, elaborado por la Secretaría de Transporte de la Nación, expone una radiografía alarmante: mientras el promedio nacional de fallecidos cada 100.000 habitantes es de 8,8, provincias del NOA y NEA duplican o triplican esa cifra. Santiago del Estero (16,1), Catamarca (13,9), Tucumán (13,3) y Chaco (13,8) encabezan la lista de las jurisdicciones con mayor mortalidad vial del país. En el otro extremo, la Ciudad de Buenos Aires apenas registra 2,7.
La geografía de la muerte tiene un mapa: el norte argentino. Y no es casualidad. Allí confluyen rutas nacionales en estado crítico, falta de inversión en infraestructura vial, escasa iluminación, señalización deficiente y una cultura de conducción que, en muchos casos, naturaliza el riesgo. La Ruta 9 es solamente un ejemplo de un corredor que atraviesa zonas productivas y conecta provincias, pero que también es escenario cotidiano de choques frontales, vuelcos y colisiones con vehículos de carga.
Pero hay otro dato que agrava aún más el panorama. En el NEA, el 61% de las víctimas fatales viajaban en moto; en el NOA, el 58%. El promedio nacional es del 46%. Esta abismal diferencia refleja una conducta de circulación mucho más riesgosa en esas regiones, donde la moto es el principal medio de transporte, pero también donde el uso del casco sigue siendo una asignatura pendiente.
¿Qué explica que en el NOA y NEA la mortalidad vial sea tan superior a la de otras regiones? No es solo la extensión territorial. La Patagonia también tiene rutas largas y poblaciones dispersas, pero su tasa de mortalidad es sensiblemente más baja. La diferencia está en las políticas públicas, en el control, en la inversión y en la educación vial. Mientras en el sur hay más controles, mejor infraestructura y mayor conciencia sobre el riesgo, en el norte la precariedad vial parece estar normalizada.
El informe de Transporte señala una disminución en la cifra global de muertes, pero ese promedio nacional es un espejismo que oculta profundas desigualdades regionales. Celebrar una baja nacional cuando en el norte los números siguen siendo dramáticos es, cuanto menos, una lectura incompleta de la realidad.
El Estado nacional, las provincias y los municipios tienen una deuda pendiente con la región. Una deuda que se paga con vidas. No alcanza con informes ni con estadísticas que se acumulan en anaqueles. Se necesitan políticas activas: más controles de alcoholemia y velocidad, rutas seguras, señalización adecuada, campañas de concientización y, sobre todo, la decisión política de poner el tema en el centro de la agenda.
