José Cano, legislador de la UCR.

El legislador José Cano (Unión Cívica Radical) solicitó formalmente información al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público de Tucumán sobre diversas obras de infraestructura escolar ejecutadas a través de la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares, luego de analizar documentación correspondiente a los años 2024 y 2025.
Según explicó el parlamentario, los documentos revisados muestran observaciones administrativas en distintos expedientes de obra pública, entre ellas licitaciones con ofertas vencidas, inconsistencias en el análisis de precios, falta de crédito presupuestario suficiente al momento de iniciar algunos procedimientos y cláusulas contractuales que debieron ser corregidas.
También señaló que algunos documentos analizados reflejan debilidades en los sistemas de control interno de la Dirección de Construcciones Escolares, vinculadas al registro y la administración de materiales utilizados en las obras.
“Estamos hablando de obras financiadas con fondos públicos destinadas a infraestructura educativa. Por eso es fundamental que todo el proceso sea transparente y esté correctamente documentado”, afirmó.
Cano indicó además que la Dirección de Materiales y Construcciones Escolares recibió entre 2024 y 2025 alrededor de $4.800 millones destinados a obras de infraestructura educativa, recursos que -según advirtió- no parecen reflejarse en la realidad de muchos establecimientos.
“Lo estamos viendo incluso en escuelas emblemáticas de la capital, como la Escuela Normal, donde en los últimos días padres y alumnos denunciaron graves problemas edilicios”, sostuvo.
Transparencia
Asimismo, Cano solicitó información específica sobre la construcción de la nueva escuela secundaria de San Pedro de Colalao, una obra actualmente en ejecución que tendría un monto cercano a $3.000 millones.
“Queremos saber cuál fue el mecanismo de contratación utilizado, qué empresas participaron y cuáles fueron los montos adjudicados”, indicó.
Finalmente, el legislador remarcó que el objetivo del pedido de informes es fortalecer los mecanismos de control institucional y garantizar transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a educación.
“La educación necesita inversión, pero también transparencia. Cada peso destinado a las escuelas tiene que traducirse en establecimientos en condiciones y en mejores oportunidades para nuestros chicos”, concluyó.







