Se cumplieron dos décadas desde aquel 26 de febrero de 2006, cuando el nombre de Paulina Lebbos pasó de las listas de asistencia de la Facultad de Filosofía y Letras a los expedientes más oscuros de la historia criminal local. Veinte años después, el caso no solo sigue siendo una deuda de la Justicia; es el espejo roto donde Tucumán todavía se mira y no le gusta lo que ve.
La impunidad no es un accidente, es una construcción. No surge de la nada, sino de una maquinaria aceitada de silencios, complicidades y, sobre todo, de un profundo desprecio por la vida ajena cuando esta choca contra los intereses del poder. En el caso Lebbos, esa maquinaria no se activó solo para proteger a los asesinos; se activó para borrar la verdad. Desde el primer minuto, cuando el cuerpo de Paulina fue hallado a la vera de la ruta 301, la escena fue contaminada, las pruebas se dejaron pudrir y los testimonios fueron desviados en lo que se ha deninciado como un plan sistemático de encubrimiento que involucró a las más altas esferas del poder y de la Policía de aquel entonces.
Pero para entender por qué llegamos a 20 años sin los culpables materiales tras las rejas, hay que mirar hacia adentro, hacia nuestra propia fibra social. En 2006, Tucumán era una sociedad que todavía se permitía preguntar “¿qué hacía una chica sola a esa hora?”. Esa mirada machista, cargada de prejuicios, fue el primer gran aliado de los encubridores. Esa estigmatización no solo fue cruel con la memoria de Paulina y con el dolor de Alberto Lebbos; fue funcional a la impunidad.
Este caso fracturó la noche tucumana. Los controles se volvieron paranoicos, surgieron leyes de cierre temprano que solo fomentaron la clandestinidad y la inseguridad se instaló como una sombra permanente en cada salida. Sin embargo, lo más grave no fue el cambio en los horarios, sino la pérdida definitiva de la inocencia institucional. Aprendimos, a la fuerza, que el fiscal que debía investigar podía ser el mismo que cajoneaba las causas, como ocurrió con Carlos Albaca. Entendimos que el poder político podía sentarse a la mesa con el encubrimiento y que la división de poderes en nuestra provincia era, en ese entonces, un dibujo de trazo grueso.
Hoy, dos décadas después, el panorama es agridulce. Por un lado, la incansable lucha de un padre, Alberto, que se convirtió en el “padre del dolor” de todos los tucumanos, y la aparición de una Leticia adulta, la hija de Paulina, que hoy reclama la verdad que le robaron cuando tenía cinco años. Por el otro, la realidad hiriente de ver cómo los condenados por encubrimiento ya caminan libres por nuestras calles, mientras los responsables directos del femicidio siguen siendo sombras protegidas por el paso del tiempo y la falta de voluntad política de ir hasta el hueso.
La impunidad es nociva porque es pedagógica: le enseña al ciudadano común que el derecho es un privilegio de pocos y le avisa al poderoso que el Estado es su escudo. Un crimen impune de esta magnitud es un cáncer que corroe los cimientos de la democracia. No podemos permitir que el “caso Lebbos” sea simplemente una efeméride policial que se desempolva cada año. Debe ser el recordatorio constante de que la lucha contra el abuso de poder es una tarea diaria.
Instar a que estos abusos no queden impunes no es solo un acto de justicia para Paulina; es un acto de supervivencia para nosotros como sociedad. Si aceptamos que se puede matar a una joven y que el Estado puede conspirar para que no se sepa quién fue, estamos aceptando vivir en una selva donde la ley es el silencio del más fuerte. A 20 años, la herida sigue abierta. Y solo la verdad total, esa que todavía está en deuda, podrá empezar a cerrarla.
