Policía de Tucumán. Foto tomada de comunicaciontucuman.gob.ar
El Gobierno provincial avanzó con un operativo para exigir el desalojo de ocupaciones consideradas irregulares en los márgenes del río Salí, en el sector sudoeste del puente Lucas Córdoba. Según voceros oficiales, es parte de una estrategia orientada a proteger el espacio público y minimizar contingencias ante eventuales desbordes del río.
La intervención fue coordinada por la Fiscalía de Estado, la Dirección Provincial del Agua y la Dirección de Catastro. Además la presencia de efectivos de la Policía de Tucumán tuvo como finalidad garantizar el cumplimiento de las notificaciones y preservar el orden durante el operativo.
La medida forma parte de la política de “tolerancia cero” frente a usurpaciones en tierras fiscales que impulsa la actual gestión. Actuaciones administrativas previas habrían constatado la existencia de edificaciones emplazadas dentro de la línea de ribera y en áreas catalogadas como de riesgo hídrico. “Las construcciones detectadas se encuentran dentro de la zona de ribera y comprometen tanto la seguridad de las personas como el funcionamiento del sistema hidráulico provincial”, manifestó Raúl Ferrazzano, fiscal de Estado Adjunto..
Ferrazzano explicó que esas intervenciones se inscriben en la decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y de la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, de no permitir asentamientos irregulares en tierras fiscales, sobre todo cuando representan un riesgo para la población.
Finalmente sostuvieron desde el gobierno que la intervención apunta también a asegurar el respeto de la normativa sobre ordenamiento territorial y resguardo ambiental, particularmente en sectores considerados críticos desde el punto de vista hidráulico.
