“CIUDAD JARDÍN”. Desde hace años, Yerba Buena se caracteriza por ser escenario de la movida nocturna de jóvenes y adolescentes de todo Tucumán.
La información circula por las redes sociales. Los adolescentes se enteran y compran las entradas. Suelen realizarse en salones y quinchos alquilados, donde muchas veces también les venden alcohol a los menores. No suelen tener la cantidad necesaria de agentes de seguridad y no siempre están preparados para esa tarea. Hay casos en los que ni siquiera sacan el debido permiso y los organismos de control ni siquiera saben que se están desarrollando el evento.
La situación la vienen denunciando desde hace tiempo los empresarios de la noche. Las autoridades también lo reconocen. El problema ocurre cuando en ese contexto las cosas no salen como estaban planeadas y le sucede algo grave a un adolescente.
El reciente caso investigado por la Policía, en el que una menor de 14 años denunció haber sido víctima de abuso sexual durante una fiesta en El Corte (Yerba Buena), reabrió el debate sobre la seguridad en la movida nocturna. El tema recurrente es quién es responsable cuando en este tipo de eventos ocurre un hecho de violencia.
Según las autoridades, esa situación no exime a nadie de responsabilidades. La normativa vigente en Tucumán establece que tanto el dueño del salón como quien alquila y organiza el evento pueden ser sancionados si se detectan irregularidades, especialmente ante delitos, venta de alcohol a menores, exceso de capacidad o falta de permisos.
Dante Loza, interventor del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA), explicó que el propietario del lugar tiene responsabilidad cuando subalquila el espacio para eventos con venta de entradas o alcohol sin exigir al organizador los permisos correspondientes ni informar a las autoridades.
En paralelo, el organizador también responde por no gestionar habilitaciones, no comunicar el evento y por cualquier infracción que ocurra durante la fiesta, como el comercio de bebidas alcohólicas a menores o el incumplimiento de normas de seguridad, especificó.
Sin notificación previa
“El dueño es responsable por permitir el uso del local sin exigir permisos ni dar aviso, y el organizador por realizar el evento sin autorización y cometer infracciones”, señaló Loza. Además advirtió que muchas fiestas se realizan sin notificación previa, lo que impide controles anticipados y limita la capacidad de prevención.
Desde el sector privado, la mirada apunta a la prevención. El empresario nocturno Javier Farhat explicó que en su caso cada convenio para eventos incluye requisitos inquebrantables e innegociables, como seguros obligatorios, control estricto de mayoría de edad cuando hay alcohol y presencia de seguridad.
Farhat, dueño de un boliche en Yerba Buena, aseguró que no alquilan el local a terceros con fines lucrativos para fiestas masivas. “En eventos privados como cumpleaños o casamientos nos hacemos cargo de todo, desde A a la Z”, señaló. Para Farhat, evitar el alquiler sin controles estrictos es clave para prevenir situaciones que puedan escalar en hechos graves.
El marco legal establece que las autoridades policiales y municipales deben informar al IPLA sobre cualquier evento, baile o actividad que autoricen. Esa notificación permite que el organismo de control intervenga, realice inspecciones y, si es necesario, solicite apoyo policial para actuar durante el desarrollo del encuentro. Cuando esa notificación no se realiza, el evento queda fuera del sistema de control.
En cuanto a las sanciones, la legislación contempla multas económicas -que pueden ir de cinco a diez veces el valor de la habilitación-, clausuras preventivas o definitivas, e incluso embargos.
Estas medidas pueden recaer tanto sobre el propietario del local como sobre el organizador del evento, dependiendo del grado de responsabilidad de cada uno. Otro punto clave es el tipo de habilitación. Si un lugar está autorizado como salón de fiestas, no puede funcionar como boliche ni realizar eventos con venta de entradas o alcohol sin los permisos específicos. En los casos más graves, las sanciones administrativas pueden derivar también en responsabilidades penales, explicaron los expertos.
Más allá del marco legal, el problema suele ser estructural. Fiestas organizadas a través de redes sociales, controles débiles, consumo de alcohol en menores y eventos que superan ampliamente la capacidad permitida forman parte de un fenómeno que se repite. Cuando sucede un hecho grave -como una agresión, abuso o episodio de violencia- se activan las investigaciones y reaparece la pregunta sobre quién debía prevenirlo.
Desde los organismos de control sostienen que, si se cumple con la obligación de informar y tramitar permisos, es posible desplegar operativos, realizar inspecciones y evitar muchas de estas situaciones. Pero cuando el circuito funciona sin controles previos, la intervención llega después del hecho.
Rodolfo Di Pinto, presidente de la Cámara de Propietarios de Discotecas y Afines de Tucumán (Caprodyatuc), insistió en la necesidad de reforzar los controles y sostener un trabajo articulado para frenar el avance de fiestas y eventos clandestinos.
El dirigente advirtió que es en esos espacios informales donde se concentran la mayoría de los inconvenientes, muchos de ellos de gravedad, principalmente por la ausencia de personal de seguridad capacitado y habilitado. Además, señaló que en esos encuentros suele registrarse el ingreso de menores de edad y el consumo de alcohol sin ningún tipo de supervisión ni cumplimiento de la normativa vigente.
Continúa clausurado el salón de fiestas
La secretaria de Seguridad de Yerba Buena, Ileana Dulout, informó que salón Altos San Javier (en El Corte) continúa clausurado hasta tanto se avance en la investigación y se esclarezca todo lo ocurrido hace una semana, cuando una adolescente denunció haber sido víctima de un abuso sexual cuando se dirigía al baño, durante una fiesta realizada en el lugar. Según consta en la denuncia, la menor de 14 años había consumido bebidas alcohólicas. La funcionaria detalló que, de acuerdo a las averiguaciones que hicieron, el salón fue alquilado a los organizadores de la fiesta, quienes vendieron entradas a través de internet. La mayoría de los asistentes habrían sido menores de edad.
