Caso Érika: surgieron nuevos detalles

Perfiles: ¿qué se sabe de la víctima y del único acusado?

Por las aristas que tiene, el caso Álvarez se transformará en uno de los hechos más resonantes de la historia policial tucumana de los últimos tiempos. Los protagonistas, el modo en que la asesinaron y arrojaron el cuerpo en un basural y sus vínculos con la droga son algunas de las características que lo llevarán a ocupar ese lugar.

Érika Antonella Álvarez era una joven de 25 años que sufría problemas de adicción. Estudiaba Enfermería y se relacionaba con hombres para poder seguir consumiendo. Fue asesinada a golpes y su cuerpo arrojado en un descampado de Manantial Sur. No tenía trabajo ni ingresos fijos. En un primer momento, los familiares dijeron que era dama de compañía, pero después se supo que, en realidad, podría haber aceptado participar en fiestas donde le facilitaban sustancias y había sexo grupal.

Felipe Sosa, por ahora el único imputado en la causa, egresó del Colegio Militar de la Nación y, después de prestar servicios en el Ejército, se convirtió en miembro de la Legión Extranjera, un cuerpo especial de Francia. “Él no era ningún comando ni una persona entrenada para matar. Siempre realizó misiones de paz”, indicó Marcelo Cosiansi, uno de sus defensores.

“El Militar”, como se lo conoce, abandonó la carrera para poder estar cerca de -como él dijo en la audiencia en la que fue acusado formalmente de homicidio simple- “la mujer de su vida”, la misma que años después lo denunció por violencia de género. Al retirarse, por su experiencia, decidió volcarse a la seguridad. Primero lo hizo como empleado de empresas nacionales y luego fundó la propia.

“Lo están demonizando, pero él es un empresario conocido y respetado en la provincia”, aseguró Cosiansi. Los familiares de Érika dijeron que ella nunca les había contado que fuera una persona violenta, pero sí que tenía “cara de loco”. Sus vecinos le temían por sus reacciones. “No lo van a encontrar nunca porque él sabe moverse. Además, tiene muchos contactos que siempre lo ayudan. Es más, hasta pueden perder su trabajo porque lo están investigando”, les habría advertido a los policías una persona cuya casa fue allanada en el marco de esta causa.

Sosa no tiene antecedentes penales, pero sí afrontó tres procesos. Dos de ellos tuvieron cierres polémicos.

En la Justicia Federal fue investigado porque, durante un procedimiento, la Policía encontró en su casa 36 plantas de marihuana. Fue sobreseído porque probó que estaba autorizado a cultivar cannabis para él y para otras tres personas con fines medicinales. Sin embargo, en las últimas horas trascendió que en realidad se trataba de 56 plantas, 103 plantines y 303 gramos de flores, cantidad que excedería lo autorizado. También se supo que el representante del Ministerio Público se había opuesto a que no se lo acusara de algún delito.

En la Justicia ordinaria también fue protagonista de otro proceso por violencia de género. Estuvo detenido y cumplió parte de la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario. El juez Alejandro Tomas rechazó un primer pedido de sobreseimiento. El representante del Ministerio Público insistió y el caso fue analizado por el fiscal regional Fernando Blanno, que apoyó el planteo absolutorio. El magistrado Alejandro Valero lo sobreseyó, aunque aclaró que lo hacía porque así lo disponía el Código Procesal y opinó que el caso debería haberse resuelto en un debate oral. La “mujer de su vida”, como él llamó a su ex pareja, denunció públicamente que Sosa habría recibido ayuda del Poder Judicial. La ex pareja impugnó la resolución, pero luego retiró el planteo.

En las últimas horas trascendió que “El Militar” también aparecería en otro expediente. Fue denunciado por su ex cuñado por amenazas de muerte. Mariano Fernández, primer fiscal que tuvo a su cargo la causa, dictó una medida de protección a favor del denunciante. Luego pasó a manos de Ernesto Salas López, pero LA GACETA no pudo establecer en qué estado se encuentra. Este hecho no fue mencionado en la audiencia, pero lo confirmó Mario Leiva Haro, representante legal del denunciante.

La pareja narco de la víctima ya tiene nombre

Los familiares y allegados de la víctima dijeron que la joven mantenía una relación sentimental con un “narco” pesado. Declararon además que el hombre la ayudaba económicamente y que no vivía con ella por los problemas de adicción que tenía. Es la persona que alquilaba una casa en El Cadillal para realizar reuniones en las que participaba Érika.

Se trataría de C. F. B., también conocido como “El Mayor”, finalmente de nacionalidad paraguaya, que aparece mencionado en varias causas como líder de una organización narco que traficaba grandes cantidades de marihuana por vía aérea.

Se sabe que el sospechoso ya había sido detenido en Tucumán. En junio de 2021, Interpol se comunicó con las autoridades de la ex Brigada de Investigaciones para pedirles colaboración. Según una línea que manejaban, en el sur de la provincia se encontraba escondido Pedro “El Carnicero” Fernández Torres, un sicario paraguayo acusado del crimen del empresario español Roberto Fernández Montes, ocurrido en Caballito, Buenos Aires, en 2017.

Personal de la Brigada Sur investigó la pista y confirmó que en Alberdi -localidad en la que desde el año pasado se investiga un posible vínculo político con la comercialización de drogas- residía desde hacía poco tiempo una persona oriunda de ese país. Con autorización judicial, irrumpieron en el domicilio y encontraron a un paraguayo. No era el homicida, sino Carlos.

Al pedir información sobre sus antecedentes, les informaron que tenía un pedido de captura de la Justicia Federal de Chaco. Estaba involucrado en una causa que investigaba el envío de 1.200 kilos de marihuana desde Paraguay a esa provincia en 2010. El procesado fue extraditado por Gendarmería Nacional bajo un fuerte operativo de seguridad.

No trascendieron detalles sobre su derrotero judicial. Sí está claro que en 2023 habría regresado a Tucumán, ya que durante ese año se habría vinculado con Érika. En ese período, su nombre ocupó un lugar destacado en la prensa paraguaya por un polémico fallo que terminó absolviendo a un piloto de avión que habría trabajado a sus órdenes. Allí surgió que Carlos era el líder de una organización criminal que traficaba grandes cantidades de cannabis a la Argentina.

Todavía no se aclaró cuál era su verdadera vinculación con Érika. Los investigadores sospechan que podría haber tenido algo más que una relación sentimental con ella. No descartan que haya sido su nexo con Sosa. Según la hermana de la víctima, Marianella Álvarez, el detenido estaba vinculado a la distribución de éxtasis en fiestas electrónicas. Especialistas en la materia sostienen que nadie se atrevería a asesinar a la pareja de un narco sin que este estuviera, al menos, al tanto de lo que iba a ocurrir.

A fondo: investigan los vínculos del acusado

Con el correr de los días, la investigación continúa avanzando. Hasta el momento, la teoría del caso presentada por el fiscal Carlos Picón sostiene que entre el miércoles 7 y el jueves 8 Sosa acabó con la vida de Érika en un domicilio de Yerba Buena, en principio el ubicado en Frías Silva al 1.300.

El representante del Ministerio Público indicó que la causa de la muerte habrían sido los golpes recibidos y puso particular énfasis en lo que llamó “toma de león”, una maniobra con la que le habría lesionado al menos dos vértebras cervicales.

Siempre según la hipótesis acusatoria, luego ató la cabeza con los pies para facilitar el traslado y, tras colocar el cuerpo en una bolsa de residuos negra, lo arrojó en el descampado donde fue encontrado.

Para los investigadores, esta maniobra no la habría podido realizar solo. Habría contado con algún tipo de colaboración, no para cometer el crimen, sino para tratar de ocultarlo. Por esa razón, comenzaron a analizar sus vínculos familiares y laborales. En las oficinas del Grupo Sosa, en distintos allanamientos, personal de Homicidios secuestró más de media docena de camionetas, armas de fuego, una caja fuerte -cuyo contenido aún no trascendió- y un dispositivo de almacenamiento donde quedan registrados los movimientos de los vehículos de la firma.

Como ocurre en cada expediente de este tipo, ningún cabo debe quedar suelto. Por eso se supo que el socio de Sosa, también militar retirado, estuvo mencionado en la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador en los años 90, durante la gestión del ex presidente Carlos Menem. Según pudo reconstruir LA GACETA, se habría desempeñado como jefe de los ex Arsenales, lugar desde donde se extrajeron armas y proyectiles para enviar a ambos países. No se confirmó si llegó a ser imputado, pero sí que fue citado por la Cámara de Diputados de la Nación para brindar informes. Ese día debía responder preguntas, pero nunca lo hizo. Fue acompañado por el ex jefe del Ejército, Martín Balza, quien tampoco expuso.

Además, los pesquisas creen que Sosa -que fue detenido en Buenos Aires cuando presuntamente estaba a punto de huir al exterior- podría haber recibido información para escapar. “Eso, tarde o temprano, se va a terminar descubriendo”, explicó un experimentado investigador.

Intimidad: la pista de los encuentros sexuales

Sosa dijo ser divorciado, padre de dos hijas y que actualmente estaba en pareja con Justina Gordillo, secretaria judicial con prestación de servicios en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, y que sería familiar del socio en la empresa de seguridad. Al parecer, el acusado tendría preferencias por mantener tríos sexuales. Por esa razón se habría relacionado con Érika, a quien podría haber convocado para uno de esos encuentros.

Los investigadores tratan de identificar a los otros participantes. “Con el perdón de la familia, con ella nos juntábamos a consumir”, dijo el acusado en una audiencia realizada ayer.

En los últimos días, los parientes de la joven informaron que ella les había comentado que había sufrido amenazas por parte de una mujer a la que desconocían. “Hemos pedido que se avance en esa línea, porque puede ser muy importante”, indicó Carlos Garmendia, representante legal de la familia.

Pericias: avanza el análisis de pruebas recolectadas

En un acto que se desarrolló ayer, con la presencia de las partes, se inició el proceso para realizar las pruebas genéticas. Peritos del Ministerio Público informaron que las muestras biológicas obtenidas del cuerpo de la víctima serán analizadas para determinar si pueden ser comparadas genéticamente. Si se confirma que son aptas, recién entonces se realizará la pericia de ADN. Los resultados demorarían al menos un mes.

Los especialistas también continúan con el análisis de los celulares secuestrados a Sosa y a otras personas mencionadas en la causa. La misma tarea se hará con el de la víctima que, pese a no haber aparecido, podría permitir recuperar información mediante una herramienta tecnológica.

“La Policía sigue trabajando intensamente en esta causa. Pese a que hay una persona detenida, seguimos avanzando. El gobernador (Osvaldo) Jaldo nos dio precisas instrucciones para llegar hasta el fondo e investigar todas las líneas que surjan”, indicó Joaquín Girvau, titular de la fuerza.

Garmendia reconoció que la pesquisa avanza y que, a su criterio, el detenido fue el autor del crimen. “Hay que seguir obteniendo evidencias para confirmar o descartar la participación de otras personas. La línea narco debe ser investigada; los familiares quieren saber todo lo que pasó. En eso estamos trabajando”, destacó el querellante.