La Justicia concluyó que un ex jefe comunal no desvió fondos

En diciembre de 2002, el entonces comisionado rural de San Pablo, Daniel Castro, estuvo detenido dos semanas acusado de haber desviado hacia otros fines fondos estatales destinados a comedores sociales. Casi dos años y medio después, la Justicia lo sobreseyó por considerar que en la causa no hay elementos de prueba suficientes para responsabilizarlo penalmente.
El fallo fue dictado por el juez de Instrucción de la III Nominación, Juan Francisco Pisa, a pedido del fiscal anticorrupción, Pedro Gallo. "Los testimonios y las constancias no son suficientes para crear un cuadro probatorio suficientemente incriminatorio como para la procedencia de la elevación a juicio oral", señaló el magistrado.
La causa fue sustanciada en su inicio por el entonces fiscal Esteban Jerez, que lamentó la sentencia (Ver aparte).
La investigación comenzó con una denuncia por falta de comida en nueve comedores comunitarios en la zona, en medio del escándalo por la desnutrición infantil en Tucumán, que se cobró la vida de 23 niños. En ese momento, el ex secretario de Desarrollo Humano (había dejado el cargo poco antes), Alberto Darnay, afirmó que le entregaban $ 10.000 por mes a la comuna para cubrir los gastos de alimentación de 1.300 chicos. La información fue desmentida (responsables de los comedores dijeron que no llegaba a los $ 2.000 mensuales), y el ex comisionado rural aseveró que los fondos no pasaban por la comuna y que todo era una acción política de Darnay.
Para formar su criterio, el juez Pisa evaluó algunas declaraciones; informes de la Secretaría de Desarrollo Humano; las "circunstancias de tiempo, modo y lugar del presunto ilícito"; el rechazo al pedido de prisión preventiva y la imposibilidad de presentar nuevas pruebas. Su conclusión fue el rechazo de la acusación por los delitos de malversación de caudales públicos, peculado y enriquecimiento ilícito. Antes, Gallo también había planteado que Castro no era culpable.

Contra Jerez
"Siempre estuve tranquilo, porque sabía cuál iba a ser la sentencia definitiva", sostuvo ayer el ex comisionado, en diálogo con LA GACETA. "Todo fue una maniobra política planteada por Jerez, con el único fin de proyectarse como candidato a gobernador", agregó.
Castro es hijo del legislador peronista Luis Roberto Castro; al momento de ser detenido, la banca era ocupada por su madre, Lilia Ramírez, mientras que su padre era intendente de Lules.
Según Castro, el ex fiscal "utilizó mal a la Justicia, embarrando el nombre de personas que nada tenían que ver". "La Justicia está respondiendo por mí", señaló.

"Había elementos suficientes para sospechar"
"Al cambiar los criterios de investigación no va a haber nadie detenido y ni siquiera investigado. Todos son hijos de legisladores; son legisladores; son funcionarios en actividad o siguen teniendo injerencia en las esferas de poder. Lamentablemente, esa es la dirigencia que va a seguir gobernando Tucumán", se quejó ayer el ex fiscal anticorrupción Esteban Jerez, al conocer el fallo a favor de Daniel Castro.
El diputado nacional de Recrear defendió su actuación en la causa contra el entonces comisionado rural de San Pablo. "Iniciada la investigación, teníamos suficientes elementos de sospecha que hacían que el principio de inocencia se viera quebrado, al punto que logramos su detención. Es importantísimo que se siga la línea investigativa inicial, porque, si así no se lo hace, puede suceder cualquier cosa", señaló.
Jerez se distanció de la forma de actuar de su sucesor en la Fiscalía Anticorrupción, Pedro Gallo. Recordó que su estrategia era "investigar a fondo todos los hechos y darlos a conocer, con una constante información a la opinión pública a través de la prensa, mientras que ahora no se conoce la marcha de las causas hasta que salen los sobreseimientos". "No quiero pensar que hay una intención de descalificar mi labor. Espero que estas sentencias sean sólo producto de criterios por una política criminal diferente", finalizó.