YPF: los demandantes buscan que la Argentina sea declarada en desacato ante la jueza Loretta Preska
Los fondos Petersen y Eton Park pedirán sanciones en los tribunales de Nueva York por supuestas demoras del Estado argentino en la entrega de documentación, en el marco del juicio por la expropiación de YPF que ya tiene una sentencia superior a los U$S16.100 millones.
YPF.
En el marco del juicio por la expropiación de YPF que se tramita en Nueva York, los fondos Petersen y Eton Park avanzan con una nueva estrategia para presionar al Estado argentino. Este jueves presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska con el objetivo de que la Argentina sea declarada en desacato y sancionada por presuntas demoras en la entrega de comunicaciones oficiales exigidas por la corte.
El planteo se inscribe dentro del proceso de discovery del caso, que obliga al país a producir correos electrónicos y mensajes de funcionarios actuales y anteriores. Según los demandantes, algunos de esos funcionarios no habrían cumplido con la totalidad de la documentación solicitada, lo que, a su criterio, habilita la aplicación de sanciones adicionales.
Desde la Procuración del Tesoro, a cargo de la defensa oficial, rechazan de manera tajante la acusación de desacato. Sostienen que la Argentina está cumpliendo con las decisiones judiciales vigentes y que no puede aplicarse ningún castigo antes de que se ejerza plenamente el derecho a defensa.
El conflicto tiene como antecedente central la sentencia de primera instancia dictada en 2023 por la jueza Preska, que condenó a la Argentina a pagar más de U$S16.100 millones, más intereses, por la expropiación de YPF. Sobre ese fallo se apoya ahora la nueva ofensiva judicial de los fondos demandantes.
El Gobierno nacional, en tanto, intenta frenar este avance mediante una apelación que considera clave dentro de su estrategia defensiva, mientras la disputa se desarrolla entre tecnicismos jurídicos, reclamos económicos de gran magnitud y argumentos vinculados a la soberanía del Estado.
En paralelo, los fondos Petersen y Eton Park advirtieron que podrían avanzar con pedidos de multas, presunciones adversas e incluso con la fijación de cronogramas específicos para tratar el desacato, en caso de no recibir la información que reclaman.
Además, los querellantes buscan demostrar que entidades como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas actúan como “alter ego” del Estado argentino. De prosperar esa interpretación, se abriría la puerta a eventuales embargos sobre activos de esas instituciones para ejecutar la sentencia. El Gobierno rechaza de plano esta postura y denuncia un intento de hostigamiento contra un Estado soberano.
El calendario judicial ya está definido. Tras la presentación de los demandantes, la Argentina responderá el próximo 19 de febrero y la contrarréplica está prevista para el 5 de marzo. Luego, en audiencias programadas para fines de ese mes, la jueza Loretta Preska deberá evaluar si corresponde declarar el desacato y aplicar eventuales sanciones.
