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El Gobierno nacional volverá a insistir con modificaciones a la Ley de Salud Mental durante el próximo período de sesiones ordinarias del Congreso, que comenzará el 1° de marzo. Tras no haber logrado avanzar con esos cambios dentro del proyecto de Ley Bases, el Ejecutivo prepara una nueva iniciativa legislativa que apunta a reordenar aspectos centrales de la normativa vigente, especialmente aquellos vinculados a la posibilidad de autorizar internaciones involuntarias mediante intervención judicial.
Según pudo saber Infobae a través de fuentes del Poder Ejecutivo, la intención es retomar una discusión que viene generando fuertes debates desde la sanción de la Ley N.º 26.657, promulgada en diciembre de 2010 y reglamentada en 2013. Si bien la normativa tuvo como eje la desmanicomialización y la defensa de los derechos de los pacientes, con el paso del tiempo surgieron cuestionamientos vinculados a su implementación y a la falta de dispositivos adecuados para atender situaciones de alta complejidad.
En ese contexto, el Gobierno considera necesario introducir cambios que respondan a los reclamos de familiares, profesionales de la salud y fuerzas de seguridad. El objetivo central sería habilitar, en determinados casos, que los jueces puedan autorizar internaciones, además de avanzar en la creación de centros especializados para la atención de pacientes con patologías severas.
El tema ya había sido incluido en el proyecto original de la Ley Bases, aunque finalmente quedó excluido del texto que obtuvo sanción. Ahora, desde la Casa Rosada anticipan que el debate será retomado de manera específica durante las sesiones ordinarias. “Hay que volver atrás y recuperar cosas que funcionaban de la ley anterior”, sintetizaron fuentes oficiales, que reconocieron que se intentó modificar al menos ocho artículos sin éxito.
La iniciativa, que aún se encuentra en etapa de redacción, podría ser anunciada por el presidente Javier Milei durante la Apertura de Sesiones del Congreso, a comienzos de marzo. Entre los puntos que se analizan figuran la posibilidad de que los jueces adopten medidas de atención urgente; la definición de cuatro supuestos concretos para la internación como recurso terapéutico excepcional; la habilitación de neuropsiquiátricos; la facultad del defensor para solicitar medidas terapéuticas; cambios en las condiciones de egreso y rehabilitación de los pacientes; y una modificación en la composición del Órgano de Revisión.
Desde el Ejecutivo admiten que se retomarán varios de los ejes que habían sido incluidos en la llamada Ley Ómnibus, pese a la resistencia que generaron en distintos sectores. Las propuestas despertaron críticas de organizaciones y activistas vinculados a la salud mental, que interpretan estas reformas como un retroceso hacia prácticas manicomializantes.
Sin embargo, en la Casa Rosada sostienen su postura y citan casos emblemáticos para fundamentar la necesidad de cambios. Entre ellos, mencionan el crimen del efectivo de la Policía Federal Juan Pablo Roldán, asesinado por Rodrigo Facundo Roza en las inmediaciones del MALBA. El psiquiatra del agresor, Jorge Alberto Monforte, fue llevado a juicio por presunto abandono de persona y homicidio culposo, aunque finalmente resultó absuelto.
Otro de los argumentos centrales que impulsan la revisión de la ley es el testimonio de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier, quien expuso ante el Congreso la falta de herramientas legales para intervenir ante episodios de crisis vinculados a trastornos mentales y adicciones. “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, sostuvo.
A comienzos de este año, Charpentier también cuestionó con dureza el presupuesto destinado a salud mental -prorrogado desde 2023- al calificarlo como “un chiste”. “Solo se destina un 10% del presupuesto de salud, y eso cuando hay suerte”, expresó en declaraciones a este medio.
Con este escenario, el Gobierno se prepara para reabrir un debate sensible, que vuelve a poner en tensión el equilibrio entre derechos, atención sanitaria y seguridad, y que promete ser uno de los ejes más discutidos del año legislativo.
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