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El decálogo firmado por el presidente Javier Milei y los gobernadores el 9 de julio del año pasado en Tucumán, e incluido en el Pacto de Mayo, fue sólo genérico. Las propuestas incluidas en el informe final del Consejo de Mayo sentaron las bases de las reformas que, en principio, impulsa la Casa Rosada pero que, con el correr de los días, puede derivar en un nuevo acuerdo Nación-provincias.
El diagnóstico prohibe expresamente el déficit financiero y, para que eso sea posible, el Gobierno impulsa una Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria. Según comunicó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convierte en delito el gasto sin partida presupuestaria, así la emisión de adelantos transitorios por parte del Banco Central para financiar al Gobierno. La consigna es clara e, indudablemente, la Casa Rosada querrá que las provincias adopten la misma mecánica. Ese puede ser uno de los temas que hoy, en Mendoza, debatirían los miembros del Consejo de Responsabilidad Fiscal, del que el ministro de Economía tucumano, Daniel Abad, es vicepresidente segundo.
El equilibrio financiero también es una política a seguir por los distritos subnacionales. Al cierre del tercer trimestre del año, Tucumán estaba a un punto de cumplir la tercera meta establecida en el Pacto de Mayo:la reducción del gasto público a niveles históricos, en torno al 25% del Producto Bruto Interno (PBI).
Los gobernadores entienden que el problema no es la suba del gasto, sino la baja de los ingresos, que no llegan a compensar el reacomodamiento de los presupuestos. La caída del consumo en noviembre, por ejemplo, implicó una disminución de $ 16.000 millones (equivalente a poco más de un 10% de la planilla salarial mensual del Estado provincial), por menos percepciones en la recaudación del IVA (coparticipable) y del impuesto provincial sobre los Ingresos Brutos.
El Consejo de Mayo también sugirió que el Presidente y los gobernadores fortalezcan el compromiso de no solicitar autorizaciones de endeudamiento si una provincia presenta déficit primario, salvo para operaciones de rollover o en casos de riesgo crediticio superior al de la Nación. Ese será otro punto del debate Nación-provincias que requiere un nuevo acuerdo. En este marco, Adorni indicó que “una posibilidad que sugiere el Consejo de Mayo para alinear incentivos es que el Presidente y los gobernadores consideren excluir del acceso a los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a las provincias que no adhieran o no cumplan las metas”.
Entre las provincias hay inquietud respecto de la centralización de las decisiones financieras. Admiten que esa restricción puede ser aplicada para endeudamiento en moneda extranjera (es el Banco Central el que debería desprenderse de las divisas para esa operatoria), pero no para financiamiento local. De hecho, en el Presupuesto 2026, la Provincia habilitó la posibilidad de recurrir a créditos de la banca privada (agente financiero de la provincia) en caso de tener alguna contingencia financiera.
Respecto de la penalización para acceder a los ATN en caso de dejar de lado las pautas del Pacto de Mayo, en la Casa de Gobierno consideran que Tucumán está al margen, ya que viene “haciendo los deberes fiscales” para encuadrarse dentro de la política de equilibrio financiero. En todo caso, se demanda la redistribución de esos aportes, dentro de las pautas establecidas legalmente. La Provincia insiste en su reclamo de recuperar parte de la deuda generada por la Nación en el régimen de compensaciones de deuda. Según el gobernador Osvaldo Jaldo, las acreencias superan los $ 120.000 millones por distintos conceptos. Eso será un tema que se expondrá en la cumbre que el gobernador y su ministro de Economía mantendrán mañana, en Buenos Aires, con el ministro del Interior, Diego Santilli. De esa cumbre también participarían el jefe de Gabinete de la Nación y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman. Jaldo no quiere retornar a la provincia con las manos vacías, ni con promesas renovadas.
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