42 años después, ¿qué queda por resolver en la democracia argentina?

El 30 de octubre de 1983 marcó un hito indeleble en la historia argentina. Tras siete años y medio de dictadura militar, el país recuperó su voz: el pueblo volvió a las urnas y eligió como presidente a Raúl Alfonsín, candidato de la Unión Cívica Radical, quien obtuvo el 52% de los votos. Aquella jornada no fue solo un acto electoral, sino la restitución de un derecho esencial en una sociedad libre: la posibilidad de elegir.

Ese día, frente a una multitud que coreaba su nombre, Alfonsín pronunció palabras que dejaron una marca profunda en la memoria colectiva: “Iniciamos una nueva etapa en la Argentina… una etapa de paz, de prosperidad y de respeto por la dignidad del hombre y de los argentinos”. Poco más de un mes después, el 10 de diciembre de 1983, asumió la presidencia, cargo que ejerció hasta 1989.

A 42 años de aquel día histórico, referentes políticos de distintos espacios analizan los avances, retrocesos y desafíos que siguen pendientes en más de cuatro décadas de vida democrática. Pese a las diferencias ideológicas, muchas de las preocupaciones parecen confluir en un mismo punto: la fragilidad institucional, la crisis de confianza pública y la distancia entre las promesas democráticas y la realidad cotidiana.

Calidad institucional

En la Unión Cívica Radical, Silvia Elías de Pérez advierte sobre los déficits estructurales del sistema. “En estos 42 años de democracia hemos avanzado, sí. Hay cosas que se hicieron y otras que todavía faltan. Pero la deuda más profunda sigue siendo la calidad institucional, y eso se refleja automáticamente en la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó. Para la legisladora, los retrocesos en libertad de prensa, las presiones a voces críticas y la falta de independencia en el funcionamiento institucional coexistieron con la corrupción como un factor que “erosiona la confianza pública” y profundiza la grieta. “Por eso es urgente recuperar valores: la palabra cumplida, la honestidad, el respeto, la empatía. A 42 años, la democracia es nuestro mayor logro. Pero necesitamos que sea una democracia que una, que eduque, que proteja, que rinda cuentas”.

El diagnóstico sobre la calidad institucional también aparece en la mirada de Sebastián Murga, fundador de CREO, quien destaca el poder del voto y la capacidad ciudadana para corregir rumbos, pero advierte sobre las diferencias entre la Nación y la provincia. “En nuestra provincia, la enorme deuda es la pésima calidad institucional, algo triste y lamentable. Está a las claras con esta nueva modificación que quieren hacer sobre el sistema electoral. No así en la Nación, que lo hemos visto hace 40 días con la boleta única de papel que sí se puede cambiar”.

Seguridad

Desde otra perspectiva, pero con observaciones coincidentes sobre las deudas estructurales, la diputada nacional de La Libertad Avanza, Soledad Molinuevo sostiene que el principal asunto pendiente es un Estado más eficiente y menos restrictivo. “La democracia no puede quedarse en votar; tiene que permitir crecer, trabajar y vivir sin miedo”, afirma. Enumera déficits en salud, educación, economía, seguridad y transparencia institucional, y remarca que aún “falta un Estado que deje de trabar la vida de los argentinos y que respete la libertad”.

La preocupación por la erosión democrática también aparece en la visión del legislador peronista Hugo Ledesma, quien dice que “no hay ningún debate saldado ni ningún consenso lo suficientemente firme” y que actualmente se atraviesa “un momento de baja intensidad democrática”. Denuncia episodios recientes, como la represión policial a empleados bancarios y la existencia de medidas judiciales que “censuran a periodistas”, situaciones que considera “inadmisibles en democracia”.

La inseguridad, por su parte, es señalada como la deuda más urgente por Ricardo Bussi, de Fuerza Republicana. “Nada es más antidemocrático que vivir con miedo”, afirma, y describe la situación en Tucumán como un escenario donde derechos básicos se convierten en privilegios. Propone medidas como tolerancia cero al delito, penas efectivas, una policía profesionalizada y un Servicio Cívico Obligatorio para jóvenes en riesgo. “La democracia se convierte en formalidad cuando no puede garantizar lo más básico: vivir sin miedo”, concluye.