Por Gustavo Rodríguez
04 Noviembre 2025
AUDIENCIA. Se convalidó el acuerdo. Abajo, el acusado. A la derecha, la auxiliar fiscal Valeria Jorge.
La Real Academia Española define el destierro como “pena que consiste en expulsar a alguien de un lugar o de un territorio determinado, para que temporal o perpetuamente resida fuera de él”. Ese fue el “castigo” que deberá cumplir un hombre que durante años acosó a una joven de Tafí Viejo, según una novedosa, pero no inédita, resolución judicial.
El año pasado, Federico Adrián Punturo fue acusado de haber incumplido la orden de no acercarse a la joven que acosó durante 12 años. En diciembre de 2024, el expediente se cerró a través de una suspensión de juicio a prueba, una figura en la que un acusado acepta cumplir ciertas reglas de conducta durante un cierto tiempo a cambio de que se frene el proceso en su contra.
Entre otras medidas, el acusado debía radicarse y permanecer en Santiago del Estero durante al menos dos años. También debía usar pulsera de seguimiento, trabajar en la vecina provincia, responder los llamados de la autoridad que se encargaría de controlar si cumplía con las medidas y realizar un tratamiento psicológico.
En la primera semana de septiembre Punturo se sacó la pulsera y durante una semana nadie supo cuál era su paradero. Fue detenido en esa provincia y trasladado a Tucumán para que afrontara una nueva acusación: desobediencia judicial. En una audiencia no sólo escuchó la nueva acusación, sino que además, se revocó la suspensión a juicio a prueba porque se probó que no había cumplido con las órdenes que le habían impuesto.
Nuevo concepto
El expediente se resolvió a través de un juicio abreviado acordado por todas las partes el viernes. Punturo se declaró culpable de haber desobedecido una orden judicial y recibió la pena de un año de cumplimiento condicional. Sin embargo, la principal novedad estuvo en las reglas de conducta que el acosador decidió cumplir. La más importante fue aceptar vivir en Santiago del Estero durante cuatro años para evitar tener cualquier tipo de contacto con la víctima.
El código penal no contempla el destierro como pena. En este caso fue por un acuerdo arribado por la fiscal Adriana Reinoso Cuello, los querellantes Patricia Neme y Patricio Char, con el consentimiento del defensor del penado, Guillermo Villalba. Al no haber controversias sobre el convenio celebrado, el juez Eduardo González lo homologó y la resolución quedó firme.
Opiniones
Villalba reconoció que se trató de un acuerdo atípico. “Aceptamos la propuesta porque era una alternativa de que se cierre un caso muy doloroso para ambas partes. Pero también pensamos que sería una manera de garantizar la tranquilidad a la víctima. Ella lo único que pidió era vivir en paz y creo que esta salida es la mejor para lo que ella pretende”, sentenció.
“Punturo -continuó el profesional- sabe perfectamente su situación procesal. Hablé con él y terminó entendiendo que terminará en la cárcel si vuelve a incumplir la resolución”.
“Estamos muy contentos por la resolución obtenida. Gracias al apoyo que tuvo esta mujer se logró desterrar a este sujeto de la provincia”, aseguró Char en una entrevista con LA GACETA. “No es tiempo para grises y para tibios. Se actúa y se gana o se es cómplice de abusadores y femicidas. Este es un fallo ejemplificador para todos aquellos que están comprometidos con la erradicación de la violencia de género. Nadie quiere lamentar más Paolas o Karlas, sólo por mencionar algunas”, finalizó el profesional.
Este no es el primer caso que tuvo una resolución de estas características en el fuero penal. Hace unos años, un hombre acusado de violencia de género aceptó radicarse en Córdoba para no afrontar un proceso penal. La Justicia accedió, pero al tiempo pidió regresar porque no encontraba trabajo. La víctima, que necesitaba que el penado cumpliera con la cuota alimentaria, aceptó que regresara. Pero solicitó que se le dictara una prohibición de acercamiento. El señalado, hasta el momento, cumplió con lo acordado.
Duro testimonio: “Es una salida muy importante para tener paz en mi vida”
“La verdad es que no sé si cumplirá con esta nueva medida, pero después de haber vivido durante tantos años este acoso, creo que es una salida muy importante para tratar de recuperar la paz que tanto necesito”, aseguró F., la joven que comenzó a ser acosada por Federico Adrián Punturo cuando tenía 19 años.
“No era vida que un tipo al que vos le decías que no querías saber nada con él, se presentaba a las tres de la mañana y te golpeaba la ventana. Muchos me decían que me mudara de casa o que me fuera a vivir a otro lado. Lo llegué a pensar, pero después me pregunté por qué tenía que cambiar mi vida si no había hecho nada”, añadió en una entrevista con LA GACETA.
“Estaba desesperada y decidí hacer lo único que no me animaba: denunciar el caso públicamente para que me escucharan. Antes había ido por la Policía y la Justicia para que hicieran algo, pero no conseguí mucho”, añadió en la entrevista. “Como soy empleada bancaria y el problema estaba afectándome laboralmente, los abogados del gremio se pusieron en contacto y la lucha fue otra”, remarcó.
F., después de haber vivido 12 años el acoso de este vecino al que no conocía, agregó: “las chicas que viven esta situación les puedo decir que hay que pelearla hasta el final. El proceso es largo y penoso, porque hasta se pone en duda lo que uno denuncia, pero vale la pena. Es la única manera de encontrar la paz que se necesita para poder vivir con normalidad”.
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