Viendo la tele decidió gestionar el tren

El fiscal anticorrupción concluyó que la empresa NOA Ferrocarriles no tenía el capital exigido en el pliego de la licitación.

Por Redacción Política 07 Julio 2002
El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, terminó la investigación de la subconcesión del tren Jardín de la República (ex El Tucumano) a la empresa NOA Ferrocarriles S.A.. Concluyó que los socios no tenían experiencia suficiente en el rubro y que la compañía, como lo advirtió el Tribunal de Cuentas, no tenía el patrimonio de $4 millones exigido por el pliego de la licitación, para hacerse cargo del servicio Tucumán-Retiro.
El fiscal solicitó un juicio para Elsa Díaz, Daniel di Módica y Enrique Luis Galluzzi (presidenta, director y vicepresidente de la firma), por la presunta comisión de estafa en perjuicio del Estado. "En forma dolosa, aparentaron bienes y adulteraron la situación patrimonial de la empresa, como así también instrumentos públicos, por medio de los cuales trataron de demostrar el aumento de capital de la firma, a fin de obtener la adjudicación. Esto ocasionó que, una vez concedido el servicio, circularan sin los requisitos necesarios exigidos por las condiciones particulares de operación del tren y por el contrato de subconcesión", señaló Jerez.
Di Módica, según declaró en la causa, se enteró de la subconcesión mientras veía "Crónica TV" un sábado. "Le consulté a mi señora (Elsa Díaz) qué le parecía armar un proyecto de inversión para correr el tren El tucumano. Me dijo que estaba loco, pero agarré el teléfono, marqué 110 y pedí el número de la gobernación de Tucumán. Terminé hablando con el director de Transporte, Enrique Romero", admitió.
Di Módica, quien sólo adujo como experiencia sus diez años en el Ferrocarril General Roca, le envió un bosquejo del proyecto a Romero. A las tres semanas lo habló el ex ministro de la Producción, Julio Figueroa. "Sesenta días antes del 9 de julio de 2000 nos preguntaron si estábamos en condiciones de poner en marcha el tren para la fecha patria, dijimos que sí y nos ofrecieron una concesión directa por un año y ocho meses", declaró.

Un compañero de colegio
Si bien la subconcesión luego se hizo a través de una licitación, esta requirió dos llamados. El primero cayó porque se objetó la capacidad técnica y financiera de NOA Ferrocarriles. En el segundo, en el que la compañía fue la única oferente, se concretó la adjudicación pese a las objeciones del Tribunal de Cuentas (este multó a Romero).
Tanto Díaz como Galluzzi reconocieron que no tenían experiencia en el rubro ferroviario y este último reconoció que se enteró por Di Módica de la subconcesión. "Hace aproximadamente dos años que lo conozco porque es padre de un compañero de colegio de mi hijo. El me manifestó que existía la posibilidad de presentar un proyecto en Tucumán", dijo Galluzzi.
Además de la falta de experiencia, Jerez observó que ejecutaron maniobras para "trazar un capital que en realidad no existe". Y adujo como prueba que, partiendo de sólo $50.000, la empresa aseguró que luego hubo aportes irrevocables de los socios hasta alcanzar los $4 millones exigidos. Sin embargo, la Inspección General de Justicia informó que "el único documento obrante en el organismo es el acta de constitución (de la sociedad)". Y la certificación notarial del supuesto aumento de capital "es falsa en su forma y contenido": la escribana Alejandra Rodríguez Elsegaray dijo que no la había firmado, lo que fue confirmado por un perito, concluyó Jerez.

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