Creen que policías se habrían enriquecido

La investigación por el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz puede tener derivaciones inesperadas. En el marco de las averiguaciones que realiza el fiscal Guillermo Herrera se estaría avanzando velozmente sobre un presunto enriquecimiento ilícito de varios de los imputados, todos ellos pertenecientes a la Policía de la provincia.
Aráoz fue asesinado el 26 de noviembre del año pasado, en su casa de Yerba Buena. Durante una violenta pelea recibió nueve disparos que le provocaron la muerte.
Por el hecho están detenidos e imputados por el homicidio el oficial Alejandro Darío Pérez y la ex agente Ema Hortencia Gómez. Pero además están acusados por encubrimiento el comisario Rodolfo Domínguez y los oficiales Andrés Faversani y Raúl Albornoz (ellos tres fueron a la casa de Aráoz el día del crimen junto con Gómez) y el oficial Juan Roque Romano, dueño de la remisería en la que trabajaba Pérez.
Los investigadores sostienen que el crimen de Aráoz es pasional, pero que está rodeado por otras circunstancias muy confusas. Entre ellas, se menciona a la droga (Gómez había consumido cocaína y ansiolíticos pocas horas antes del homicidio) y a los negocios que manejaba una presunta mafia policial, que inclusive podría estar relacionada con la venta de vehículos robados.

La camioneta
En el caso de Domínguez, la fiscalía ordenará que se investigue quién le entregó la camioneta Ford Ranger en la que se movilizaba y que había sido secuestrada por la Justicia por ser melliza. Si bien su abogado, Alvaro Zelarayán, presentó documentación que avalaría que el vehículo iba a ser destinado por la Justicia al comisario, que era jefe de la comisaría de Banda del Río Salí, el decreto de entrega nunca se habría confeccionado, por lo que la cesión sería irregular. Según trascendió, desde la fiscalía se solicitaron informes al Registro del Automotor, al Registro Inmobiliario y a distintos bancos, ya que habrían advertido que algunos de los policías tendrían bienes que no se habrían podido obtener con los sueldos que cobran. Es por eso que se decidió investigar si alguno de ellos tenía otros ingresos.
Se intenta, de este modo, obtener nuevas pruebas que permitan tratar de establecer cuál fue el verdadero móvil del crimen, que habría derivado en la trágica pelea.
En la fiscalía se sostiene, además, que aún hay testigos que no declararon, y que podrían aportar datos muy importantes para la causa.
Hasta el momento Gómez, que era pareja del juez, no declaró, aunque podría ser citada a Tribunales para que aclare varios puntos del caso, aunque ella puede negarse. Los otros acusados negaron todo tipo de participación en el hecho. Inclusive en el caso de Domínguez, de Faversani y de Albornoz, el abogado Zelarayán ya solicitó que se los sobresea, aunque su petición sería rechazada.
En cuanto a las pericias, la de ADN vinculó directamente a Gómez con el crimen, ya que se encontraron manchas de sangre del juez en su zapato, y se confirmó que la piel que había bajo sus uñas era de la víctima, que había sido arañado. Aráoz, además, tenía en una de las manos un cabello de la ex agente.