EN CASA DE GOBIERNO. El mes pasado, el gobernador se reunió con la intendenta y concejales taficeños.
El período de fricciones políticas e institucionales entre Tafí Viejo y el Gobierno de la Provincia quedó atrás con la confirmación del retorno de la “Ciudad del Limón” al Pacto Fiscal. El Concejo Deliberante aprobó el pago de deudas al Poder Ejecutivo con fondos coparticipables y anunció que la administración que dirige Alejandra Rodríguez ya presentó en la Casa de Gobierno el pedido para reincorporarse al sistema de ayuda financiera. La negociación coincide con el acuerdo de unidad del PJ tucumano, con Osvaldo Jaldo y Javier Noguera en el armado electoral.
Los 12 concejales del municipio taficeño sesionaron ayer por más de dos horas. El tercer ítem del temario, luego de los proyectos de declaración, fue autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a ceder a favor del Gobierno provincial importes coparticipables hasta cubrir la última asistencia financiera reintegrable por $1.200 millones. Desde la salida de Tafí Viejo del acuerdo , en enero pasado, el cuerpo parlamentario aprobó tres transferencias de este estilo para subsanar deudas, que inicialmente sirvieron para cubrir el pago de sueldos.
El proyecto fue defendido por Alejandro Martínez (h), integrante de la comisión de Hacienda y presidente de la bancada Justicialista Independencia. “En el bloque venimos trabajando en el tema económico en Tafí Viejo, manifestándonos sobre qué es lo que le convenía al municipio. Y ahora, con gran alegría después de la reunión de comisión (que preside el edil Antonio Reinoso) y de escucharlo al contador de la Municipalidad decir que ya está presentada la nota formal de la intendenta en el Gobierno de la provincia y que el gobernador ha aceptado que el mes entrante Tafí Viejo vuelva al Pacto Social”, remarcó.
El concejal advirtió sobre los problemas financieros que atraviesa el municipio y planteó que “al volver al Pacto no solo aseguramos los sueldos de los compañeros municipales, sino también el funcionamiento de la ciudad”.
Una vez suscrito el arreglo financiero, el escrito debe ser refrendado por el Concejo. La pretensión es que ocurra en las próximas semanas, para que no sea necesario solicitar un nuevo préstamo. En detalle, la Casa de Gobierno transfirió a la ciudad $1.330 millones en junio y $1.150 millones en julio para afrontar el pago de la planilla salarial del personal estatal. Así, agosto es el tercer mes consecutivo que el Departamento Ejecutivo requiere de la asistencia financiera reintegrable de la Provincia.
La votación en el recinto taficeño cerró 11 a uno. El parlamentario Domingo Orquera, de Fuerza Republicana (FR), justificó su voto negativo sosteniendo que el cuerpo tiene “la responsabilidad de ver que el municipio no comprometa deuda que el día de mañana no podamos solventar”. Además, rebatió el discurso de Martínez y señaló que “el gobernador no está trabajando de buena fe, sino que nos está girando la plata y nos sacó tres coparticipaciones que serían para el crecimiento de Tafí Viejo, y además nos quitó la ordenanza 007 sobre la emergencia económica. O sea, no nos está dando nada ni nos está ayudando”.
Respecto de los vaivenes de la relación institucional con la Provincia, Orquera aseveró que responden a cuestiones políticas. “Esperemos que todo siga igual, que estén los acuerdos y que después de diciembre no haya algún quiebre político donde realmente quedemos perjudicados todos nosotros. Ahí los quiero ver a todos los que han apoyado y están hablando bien de la gestión del gobernador; porque hoy nos están abriendo el caño, pero mañana lo van a cerrar y nos vamos a quedar sin agua”, lanzó.
Antecedentes
La tensa relación entre el Estado provincial y el municipal alcanzó su punto máximo hace unos meses. Tras la decisión de la gestión de Rodríguez de prescindir del Pacto Social, el Poder Ejecutivo encabezado por Jaldo comunicó la existencia de una deuda cercana a los $13.000 millones, e incluso le dio plazos a la administración local para presentar un plan de pago. A su vez, el municipio replicó que también la Provincia mantenía deudas con las arcas estatales, señalando “fondos indebidamente retraídos de la coparticipación municipal”.
En junio, el Concejo Deliberante que preside Maximiliano Córdoba aprobó una ordenanza enviada por el Ejecutivo municipal que declaró la emergencia económica, financiera y administrativa en Tafí Viejo por 90 días, con la cual se autorizó la toma de deuda para garantizar el pago de los servicios esenciales de la ciudad.
Los roces institucionales coincidieron con las pretensiones del legislador Noguera, esposo de la intendenta, de encabezar una lista “antimileísta” para competir en las elecciones de octubre, oponiéndose al armado jaldista. El anuncio de unidad para el Partido Justicialista se conoció hace unos días, y la propuesta electoral se resolvió presentando a Jaldo como primer candidato, y a la diputada Gladys Medina, a Noguera y a Elia Fernández de Mansilla en los puestos siguientes.
Un nuevo puente: el proyecto se aprobó en el recinto
La sesión parlamentaria en Tafí Viejo también resultó en la aprobación de un proyecto de ordenanza que autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) a avanzar con la construcción de un puente vehicular elevado sobre las vías del ferrocarril en la calle Mendoza. Fue una iniciativa acompañada por todos los concejales. La edila Daniela Bravo, vicepresidenta primera, resaltó que la propuesta “es resultado de un trabajo colectivo, no solo de los concejales sino también de la gestión pasada del cuerpo y también del Ejecutivo municipal. Es una decisión política fundamental aprobar la construcción de un puente vehicular, que es una necesidad sentida de la comunidad taficeña. Esta madurez debe visibilizarse y agradecerse”.










