11 Agosto 2025
El clima político en Corinthians llegó a un punto de no retorno. Este sábado 9 de agosto de 2025, los socios del club aprobaron en votación cerrada la destitución de Augusto Melo, acusado de corrupción y vinculado a un escándalo que salpica a su gestión desde mayo. La decisión contó con el respaldo de 1.413 asociados, mientras que 620 se manifestaron en contra, alcanzando así un 69% a favor de su salida.
Melo ya había sido suspendido temporalmente por el Consejo Deliberativo tras una denuncia de la Policía Civil de São Paulo, que investigaba presuntas irregularidades en un contrato de patrocinio con la empresa de apuestas “Vai de Bet”. Según la pesquisa, parte de los fondos de ese acuerdo habría terminado en manos de una compañía relacionada con el Primer Comando de la Capital (PCC), la mayor organización criminal de Brasil. El dirigente rechazó públicamente estas acusaciones, pero el mes pasado la Justicia aceptó la denuncia del Ministerio Público y lo procesó junto a exdirigentes y empresarios por asociación ilícita, lavado de dinero y robo.
Con su salida, el primer vicepresidente, Osmar Stábile, asume la presidencia de forma interina hasta que el Consejo convoque a elecciones para completar el mandato, que finaliza en 2026. En lo deportivo, la era Melo se vio marcada por resultados discretos tanto en torneos nacionales como internacionales, un factor que aumentó el descontento interno.
La jornada estuvo cargada de tensión: Melo llegó temprano a la asamblea, pero se retiró antes de que se confirmara oficialmente la destitución, escoltado por seguridad. Para colmo, se encontró con un contratiempo insólito: las cuatro ruedas de su coche habían sido robadas mientras estaba en el recinto.
El Ministerio Público de São Paulo reclama que el expresidente y los demás implicados devuelvan al club una suma cercana a los 40 millones de reales, equivalente a unos 7,2 millones de dólares, como indemnización por los perjuicios ocasionados. La causa judicial sigue su curso y podría derivar en sanciones penales y económicas para los acusados.
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