El caso “Coya” Rojas: condena a perpetua, vínculos con Tucumán y polémica por beneficios carcelarios

Ricardo Raúl Rojas, más conocido en los bajos fondos como “El Coya”, no siempre fue el capo narco temido por sicarios y respetado por criminales. Hace poco más de 20 años era apenas un adolescente marginal, uno más del barrio San José de Orán, sobreviviendo entre carencias y malas decisiones. Su primer delito fue tan modesto como revelador: robaba bicicletas. Pero la escalada criminal de Rojas no se detuvo jamás. Desde aquel inicio casi anecdótico hasta recibir una condena a prisión perpetua como autor intelectual de un homicidio por encargo, en 2020, pasó por todos los escalones del delito.

Un fallo judicial reciente que flexibilizó sus condiciones de encierro desató un escándalo nacional: el Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, acusó al juez federal Domingo Batule de "garantista y pro-delincuente", y anunció que apelará la medida. Mientras tanto, la Fiscalía Federal de Salta evalúa denunciar al magistrado ante el Consejo de la Magistratura, argumentando que el nuevo régimen permitiría a Rojas volver a operar desde prisión. Su historia criminal, lejos de terminar, sigue generando consecuencias judiciales, políticas e institucionales.

De bicis robadas a sicarios a sueldo

Rojas tiene hoy 40 años. Sus primeros antecedentes policiales datan de su época como motochorro, detenido por asaltos a mano armada.

Tiempo después, logró una fachada de legalidad: se convirtió en remisero y dueño de cinco autos nuevos. Pero la prosperidad tenía su truco. Transportaba inmigrantes ilegales —en su mayoría ciudadanos chinos— desde la frontera hasta Rosario (Santa Fe). Fue en esos viajes que su organización comenzó a mezclar personas con paquetes: cocaína y marihuana escondida entre pasajeros y maletas.

El golpe que lo marcó

El 22 de marzo de 2017, dos soldados de su banda fueron interceptados con una carga de 80 kilos de marihuana. Era un golpe económico para la organización y una ofensa personal para Rojas, quien creyó que lo habían traicionado. Desde su celda en la cárcel de Cerrillos, con un celular clandestino, orquestó una venganza. Mandó matar a ambos. A uno lo fusilaron el 6 de mayo mientras comía un choripán en un puesto callejero de Orán. El otro sobrevivió milagrosamente a seis disparos.

Las escuchas telefónicas ordenadas en aquel momento por la PROCUNAR fueron clave. En ellas, se lo escuchaba planificando los ataques. Las pruebas eran tan contundentes que no solo recibió una condena por narcotráfico, sino también por ser autor intelectual de un homicidio doblemente agravado y una tentativa de asesinato.

El narco desde la cárcel

El encierro no frenó el negocio. Desde el Complejo Penitenciario Federal del NOA III, ubicado en la ciudad de Gral. Güemes (Salta), continuó impartiendo órdenes. En aquel entonces fue vinculado con un cargamento de 330 kilos de marihuana y 11 de cocaína, ocultos en un galpón propiedad de su hermana en Orán, al que los miembros de la banda llamaban "La Iglesia". Su esposa, Sandra Romero, también fue condenada a seis años por participar en el almacenamiento de los estupefacientes.

En marzo de 2020, el juez federal Miguel Medina condenó a “El Coya” a nueve años de prisión por esa causa. Pero apenas unos meses después, el 3 de julio, llegó el golpe de gracia judicial: cadena perpetua por ser el autor intelectual del crimen de Raúl Fernando Martínez, y del intento de asesinato de Ricardo Adrián Gerónimo.

Una banda armada y estructurada

En el juicio de 2020 quedaron expuestas las funciones de los miembros de la denominada "banda de los sicarios". Según las fiscales penales Alda Murúa y Mariana Torres, Rojas dio la orden desde prisión y delegó en Enzo Quiroga, su compañero de celda, la organización del atentado contra Gerónimo. Quiroga contactó al ejecutor: Mendoza, quien disparó más de 15 veces cuando Gerónimo llegaba a su casa en la madrugada del 1 de mayo de 2017. Seis disparos lo hirieron gravemente, pero sobrevivió y declaró en el juicio.

Cinco días después, otro objetivo. Esta vez, Raúl Martínez no sobrevivió. Había sido socio de Rojas, pero se habría cambiado de bando en el negocio narco. El sicario tucumano José Martín Castillo lo ejecutó frente a un carrito de choripanes. Le disparó seis veces sin margen de error. La logística del crimen fue coordinada por Alejandra Núñez, también detenida.

El nexo con Tucumán: sicarios, venganza y muerte en prisión

La conexión de Rojas con Tucumán no solo fue estratégica en términos logísticos. También implicó una red de violencia que cruzó provincias y terminó en tragedia. Uno de sus sicarios más conocidos, José Martín “El Pájaro” Castillo, era oriundo de Villa 9 de Julio, en San Miguel de Tucumán. Su prontuario se remontaba a robos menores en la adolescencia, pero su nombre cobró notoriedad nacional cuando fue condenado a perpetua por ser el ejecutor del homicidio de Raúl Martínez, ocurrido el 7 de mayo de 2017 en Orán. Castillo fue reclutado por Rojas mientras este ya estaba detenido, en el marco de una guerra narco que se desató entre marzo y mayo de ese año, tras la incautación de un cargamento de droga. Rojas, desde prisión, ofrecía entre 10.000 y 15.000 dólares o cocaína a cambio de venganzas ejecutadas con precisión.

El “Pájaro” negó siempre su participación, pero las pruebas lo hundieron. Su historia terminó de forma brutal: en julio de 2024, fue asesinado a golpes dentro de la cárcel de Villas Las Rosas, en Salta, tras ser atacado por otro interno. Aunque intentó defenderse con una punta carcelaria, recibió varios golpes con una barra de hierro. Agonizó durante días en el hospital San Bernardo antes de morir. Las hipótesis apuntan a una deuda por drogas o una venganza entre bandas. Su nombre también había sido vinculado con Cristian “Gringo” Palavecino, presunto jefe de otra organización criminal con vínculos en Buenos Aires, Tucumán y Salta. En esa red también figuraban delincuentes de alto perfil como “Maxi” Abraham y Álvaro Quiroga, recientemente trasladados a penales de máxima seguridad en el sur del país. El asesinato de Castillo refuerza una verdad inquietante: el poder de Rojas y su entorno excede largamente los límites del penal.

Reacción judicial y política

En la causa, el tribunal también enjuicia a los otros seis miembros de la organización, con penas que podrían alcanzar la prisión perpetua por homicidio y tentativa de homicidio doblemente agravados por promesa remuneratoria, número de participantes y uso de arma de fuego.

A principios de agosto, la figura de Rojas volvió a encender la polémica cuando el juez federal Domingo Batule dictó recientemente un fallo que flexibilizó el régimen de encierro al que estaba sometido en el penal de Ezeiza. Argumentando violaciones a los derechos humanos y basándose en las Reglas Mandela de la ONU, Batule ordenó que “El Coya” pudiera salir ocho horas diarias de su celda, recibir visitas físicas de familiares y comunicarse regularmente con su abogado.

La respuesta no se hizo esperar. El Ministerio de Seguridad, encabezado por Patricia Bullrich, acusó al magistrado de “debilitar la seguridad de los argentinos” y prometió apelar el fallo. La ministra fue aún más enfática en redes sociales:

"Podemos desarticular bandas y blindar fronteras. Pero con que un solo juez sea pro delincuentes, alcanza para tirar todo abajo".

Un prontuario que impresiona

Rojas enfrenta múltiples condenas: homicidio doblemente agravado, tentativa de homicidio, contrabando agravado y narcotráfico. Le incautaron dos autos, dos motos y deberá pagar una multa millonaria. El fiscal federal Carlos Amad ya trabaja en una presentación ante el Consejo de la Magistratura para denunciar al juez Batule.

Mientras tanto, en la cárcel de Ezeiza, Ricardo Raúl “El Coya” Rojas espera que su historia no tenga un final, aunque su celda ahora sea el escenario de sus últimos movimientos. Para la justicia, ya no hay dudas: de robar bicicletas a liderar una red de sicarios y tráfico internacional de droga, se convirtió en uno de los delincuentes más peligrosos del norte argentino.