Por Luis Duarte
07 Agosto 2025
La conflictividad laboral ha crecido en Tucumán, impulsada por una combinación de factores económicos que han afectado tanto a los trabajadores individuales como a los sectores productivos en su conjunto.
Los conflictos individuales, que estuvieron marcados por despidos e incumplimientos de las empresas, han aumentado en lo que va del año. Pero también hubo una señal que preocupó al Gobierno y al sector privado: se acrecentaron los conflictos colectivos, que se manifestaron a través de acuerdos por suspensiones de personal y renegociaciones para la reducción de salarios, entre otras condiciones.
Según datos preliminares de la Secretaría de Trabajo provincial, a los que accedió LA GACETA, la cantidad de denuncias de trabajadores por disputas laborales particulares creció casi un 15% entre el 1 de enero y el 31 de julio de este año. Aproximadamente, el 95% de estas demandas se centró en reclamos de indemnizaciones por despido, mientras que el resto correspondió a la falta de pago de la liquidación final, la entrega de documentación laboral y otros incumplimientos.
Una suba similar, en términos porcentuales, se observó en los conflictos colectivos y pluriindividuales de trabajo. En ese marco, durante los primeros siete meses de 2025 se dio un incremento de alrededor de un 25% en las intervenciones oficiales en acuerdos entre las partes, es decir, gremio y empresa, que establecían la suspensión de la prestación laboral conforme al artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta disposición permite la celebración de convenios directos entre empleadores y sindicatos con personería para suspender los servicios del personal, otorgando a cambio una suma no remunerativa.
Reducción de los haberes
A la vez, se acudió también a la reducción de los haberes, como ha venido ocurriendo en distintas compañías, entre ellas la multinacional Scania.
“Antes teníamos un flujo constante de reclamos individuales de trabajadores despedidos, pero ahora se observa una conflictividad más agrupada y sectorizada”, explicaron autoridades de la Secretaría de Trabajo. “Se ve una mayor presencia gremial en las audiencias y una tendencia creciente a que las empresas busquen acuerdos colectivos para gestionar la situación compleja”, añadieron.
Este tipo de convenios ha sido una herramienta utilizada en los últimos meses en sectores clave de la economía tucumana. Las firmas textiles, que ya habían recurrido a este mecanismo el año pasado, volvieron a plantear acuerdos de suspensión ante las importaciones y la caída del consumo, con los casos de Santista Argentina y la firma TN Platex -en sus plantas Hilados- como ejemplos recientes. Se sumó la situación de la planta Topper.
La Asociación Obrera Textil (AOT) alertó en julio que, en los últimos seis meses, se habían concretado 120 despidos en las cuatro plantas textiles más importantes de Tucumán. Pero la cifra se elevaba a 350 puestos de trabajo perdidos desde el inicio del gobierno de Javier Milei, hace un poco más de un año y medio.
La actividad de la construcción también sufrió un fuerte impacto -siempre teniendo en cuenta los procedimientos llevados a cabo en Trabajo-, con empresas que han suspendido a parte de su personal para evitar despidos masivos. Lo mismo sucedió en firmas que comercializan materiales de construcción.
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