El fiscal anticorrupción, Esteban Jerez, no logra que ningún juez ordene la detención del interventor de Yerba Buena, Jorge Lobo Aragón. Ayer, la jueza Emma de Nucci rechazó el pedido del fiscal, como antes lo había hecho el juez Eudoro Albo.
Jerez presentó un recurso de apelación a la denegatoria de la detención que efectuó Albo, que debe ser girado a la Sala V de la Cámara Penal. Pero toda la causa se paralizará hasta que concluya la feria judicial, el próximo 23.En el nuevo pronunciamiento, Nucci consideró que no correspondía detener al interventor municipal, ya que anteriormente efectuó planteos de oposición a las notificaciones efectuadas por Jerez para que declare en carácter de imputado en la causa de la concesión del predio de La Olla. Estas presentaciones aún están pendientes de resolución.
El fiscal ya declaró rebelde a Lobo Aragón, atento a una interpretación del Código Procesal Penal que efectuaron los jueces. En su resolución, recordó que citó en cuatro oportunidades al interventor a su despacho, pero que no logró que vaya a Tribunales. Jerez consideró la conducta del funcionario como un intento de "entorpecimiento de la investigación penal preparatoria, lo que resultaría contrario a los principios constitucionales".
Jerez presentó un recurso de apelación a la denegatoria de la detención que efectuó Albo, que debe ser girado a la Sala V de la Cámara Penal. Pero toda la causa se paralizará hasta que concluya la feria judicial, el próximo 23.En el nuevo pronunciamiento, Nucci consideró que no correspondía detener al interventor municipal, ya que anteriormente efectuó planteos de oposición a las notificaciones efectuadas por Jerez para que declare en carácter de imputado en la causa de la concesión del predio de La Olla. Estas presentaciones aún están pendientes de resolución.
El fiscal ya declaró rebelde a Lobo Aragón, atento a una interpretación del Código Procesal Penal que efectuaron los jueces. En su resolución, recordó que citó en cuatro oportunidades al interventor a su despacho, pero que no logró que vaya a Tribunales. Jerez consideró la conducta del funcionario como un intento de "entorpecimiento de la investigación penal preparatoria, lo que resultaría contrario a los principios constitucionales".
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