Con el programa "Políticas Sociales Comunitarias" (POSOCO) se habrían pagado sueldos a punteros políticos del peronismo y hasta a funcionarios y a concejales en actividad de ese partido. Así lo entienden el diputado nacional Ricardo Bussi y el abogado Carlos Canevaro.
Ambos denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción que se habrían malversado caudales públicos desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Y sostuvieron que, en consecuencia, habría funcionarios que incurrieron en incumplimiento de sus deberes y en abuso de autoridad.
La Provincia, precisaron los republicanos, recibe $450.000 mensuales del Posoco. "El gobernador (Julio Miranda) dictó un decreto al inicio de su gestión, disponiendo que $150.000 debían enviarse a la Secretaría de Desarrollo Humano", indicaron. Este organismo, a su vez, canaliza esos fondos a través de subprogramas. Las presuntas irregularidades detectadas por los denunciantes provienen de ese sector, al que se giraron $4 millones de los $12 millones que llegaron a Tucumán.
Detalles salientes
Bussi y Canevaro pidieron al Tribunal de Cuentas información sobre la rendición de gastos del Posoco. Y tomaron muestras de marzo, abril, octubre y noviembre de 2000. En ese lapso, ambos abogados encontraron una innumerable cantidad de aparentes irregularidades en 11 subprogramas. Pero, pese al tiempo transcurrido, desde el órgano de contralor no se habían iniciado acciones, puntualizaron.
Hay beneficiarios que cobraban en varios de esos programas locales a la vez. Los planes para alta montaña y para Aguilares terminaron ayudando a personas que no residen en esos lugares. En la rendición de cuentas de buena parte de ellos sólo aparecen los recibos firmados por quienes cobraron. Pero no figuran ni las notas de pedido, ni las cartas de pobreza, ni las fotocopias de sus documentos.
Pero uno de los detalles que más resaltan en el otorgamiento de estos fondos, dirigidos a personas sin recursos, es la aparición de personas que no revisten esta situación.
En las pruebas aportadas por los denunciantes, aparece el actual concejal de Alderetes, Alejandro Sandoval, del Partido Justicialista, como beneficiario de un subsidio de $200 mensuales. En la carta de pedido aparece el sello del edil aclarando la que sería su firma y también una carta de pobreza, de la que dos testigos dan fe.
De igual modo, a nombre del tesorero de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Ledesma Posse (es ante quien se elevan los papeles atinentes al uso de estos fondos), figura el pago de $750, en concepto de Servicios de Terceros.
Con idéntica suma, y por el mismo concepto, aparece la ex legisladora justicialista (95-99) Mercedes Ascárate de Penna. Actualmente, se desempeña como coordinadora del programa Compartir el Pan.
Ambos denunciaron ante la Fiscalía Anticorrupción que se habrían malversado caudales públicos desde la Secretaría de Desarrollo Humano. Y sostuvieron que, en consecuencia, habría funcionarios que incurrieron en incumplimiento de sus deberes y en abuso de autoridad.
La Provincia, precisaron los republicanos, recibe $450.000 mensuales del Posoco. "El gobernador (Julio Miranda) dictó un decreto al inicio de su gestión, disponiendo que $150.000 debían enviarse a la Secretaría de Desarrollo Humano", indicaron. Este organismo, a su vez, canaliza esos fondos a través de subprogramas. Las presuntas irregularidades detectadas por los denunciantes provienen de ese sector, al que se giraron $4 millones de los $12 millones que llegaron a Tucumán.
Detalles salientes
Bussi y Canevaro pidieron al Tribunal de Cuentas información sobre la rendición de gastos del Posoco. Y tomaron muestras de marzo, abril, octubre y noviembre de 2000. En ese lapso, ambos abogados encontraron una innumerable cantidad de aparentes irregularidades en 11 subprogramas. Pero, pese al tiempo transcurrido, desde el órgano de contralor no se habían iniciado acciones, puntualizaron.
Hay beneficiarios que cobraban en varios de esos programas locales a la vez. Los planes para alta montaña y para Aguilares terminaron ayudando a personas que no residen en esos lugares. En la rendición de cuentas de buena parte de ellos sólo aparecen los recibos firmados por quienes cobraron. Pero no figuran ni las notas de pedido, ni las cartas de pobreza, ni las fotocopias de sus documentos.
Pero uno de los detalles que más resaltan en el otorgamiento de estos fondos, dirigidos a personas sin recursos, es la aparición de personas que no revisten esta situación.
En las pruebas aportadas por los denunciantes, aparece el actual concejal de Alderetes, Alejandro Sandoval, del Partido Justicialista, como beneficiario de un subsidio de $200 mensuales. En la carta de pedido aparece el sello del edil aclarando la que sería su firma y también una carta de pobreza, de la que dos testigos dan fe.
De igual modo, a nombre del tesorero de la Secretaría de Desarrollo Social, Juan Carlos Ledesma Posse (es ante quien se elevan los papeles atinentes al uso de estos fondos), figura el pago de $750, en concepto de Servicios de Terceros.
Con idéntica suma, y por el mismo concepto, aparece la ex legisladora justicialista (95-99) Mercedes Ascárate de Penna. Actualmente, se desempeña como coordinadora del programa Compartir el Pan.
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