

La memoria de Beatriz Sarlo sigue sin tener paz. En las últimas horas se confirmó que la Policía allanó el departamento donde vivía en el barrio de Caballito ya que el encargado del edificio, Melanio Alberto Meza López, quien reivindica haber sido designado heredero de ese inmueble por la escritora fallecida a los 82 años el 17 de diciembre de 2024, regresó a su puesto de trabajo luego de haberse tomado licencia cuando estalló el escándalo.
La medida fue tomada para determinar si el conserje volvió a entrar a la costosa vivienda (de la cual tenía una llave) y retiró algunos de los bienes que allí se encuentran, ante un llamado al 911 efectuado por allegados a la pensadora. No trascendió el resultado, aunque se supo que efectivos llegaron al lugar, lograron ingresar e interrogaron a distintos vecinos, según publicaron TN y ElTrece en sus sitios de internet.
Por decisión judicial, según la información de ambos medios, se procedió a un cambio de cerradura previo inventario de las pertenencias existentes. Todo esto se produce en medio de los reclamos del exesposo de Sarlo, Alberto Sato -estaban separados de hecho desde hace décadas-, del encargado del edificio y de una prima lejana, Ernestina Susana del Río (ver “Desde Viedma”) para acceder y disponer de ellos. Como la última pareja de la escritora, el cineasta Rafael Filippelli, ya falleció y no tenía hijos, los bienes podrían recaer en manos del Gobierno porteño como herencia vacante. Pero si aparecen parientes colaterales, como puede ser el caso de la prima, le podrían corresponder derechos sobre el patrimonio.
María Laura Lazzara, abogada especialista en Derecho de Familia y Sucesiones, explicó en TN que “cuando una persona fallece, todo su patrimonio entra en sucesión; acá hay que el patrimonio cultural, los derechos de autor, regalías que podrían existir y demás”, detalló la letrada.
El primer juez interviniente en el caso, Carlos Goggi, dispuso separar a Sato como potencial heredero; pero a fines del mes pasado la Cámara Civil consideró que había prejuzgado, lo apartó del proceso y reinstaló al exesposo en la causa. “El código, con la reforma del 2015, lo excluye, pero si puede probar que en este tiempo de separación tuvieron relación, el juez podría volver a traerlo a la sucesión”, aclaró Lázzara.
Para que Del Río sea reconocida debería acreditarse que no existan herederos directos (cónyuge, hijos o padres) ni designados (el encargado). En ese caso, sería elegida antes que el Gobierno.
En labores
Meza López se reintegró a su puesto laboral el lunes 7, pero sigue guardando anonimato y no toma contacto con la prensa para sostener su versión. Más allá de reivindicarse como heredero designado por un papel manuscrito por parte de Sarlo, desde el entorno de la intelectual lo acusan de haber vendido libros y discos en distintos comercios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o regalarlos, sin autorización ni permiso.
Para validar su reclamo, presentó dos escritos en Tribunales. “Yo, Beatriz Sarlo, quiero dejar certificada mi voluntad de que, en caso de mi desaparición u otro accidente, mi gata Nini deberá quedar a cargo de Alberto Meza. Certifico con mi firma”, se lee en una primera nota escrita a mano. Y en una segunda carta, aparece: “Alberto Meza, quedás a cargo de mi departamento después de mi muerte y también quedás a cargo de mi gata Niní, que te aprecia tanto como te aprecio y valoro yo”.
Ahora hay que determinar si la letra y firma realmente pertenecen a la prolífica autora. En la web de TN se señaló que el perito calígrafo Pablo Pisano explicó que para establecer su validez deben estar firmadas, con fecha completa y con la escritura correspondiente. “Eso se ve, pero no tenemos contra qué compararlo. Hay que obtener firmas y escrituras para equipararlo”, aclaró. Precisamente, una escritura es considerada un instrumento fiel y base indiscutible contra la cual comprobar la autoría de un escrito. Pero para poder chequearlo adecuadamente, hay que tener en cuenta incluso el momento en que fue escrito u firmado cada documento (sea público o privado), porque el paso del tiempo altera las formas y la escritura. Cada parte interesada debería poder designar a su propio perito, más allá del oficial nombrado por la Justicia.
Por lo pronto, al frente de la causa está la titular del Juzgado Civil N° 24 de la Capital Federal, Cecilia Kandus, quien dictó una resolución que restringe el acceso público al expediente 2537/2025 y prohíbe a las partes divulgar información a la prensa, publicó La Nación. Su decisión apunta a “preservar la intimidad de Sarlo, ante la posibilidad de que se discuta su estado mental al momento de redactar un supuesto testamento ológrafo”.
De este modo, ahora rige un secreto total sobre la marcha del trámite (no sobre el escándalo), pero se sabe que aún hay muchos pasos pendientes incluyendo presentaciones ante la Cámara de Apelaciones por cuestiones de competencia.







