08 Julio 2025
Un duro revés parlamentario sufrió el Gobierno de Javier Milei. En Diputados, una mayoría opositora logró este martes un dictamen favorable para insistir con un proyecto que busca garantizar el financiamiento de las universidades públicas.
La iniciativa había sido vetada por el presidente el año pasado, pero ahora cuenta con un respaldo aún más amplio, lo que abre la puerta a una posible aprobación por dos tercios de los votos en el recinto clave para sortear un eventual nuevo veto presidencial.
El dictamen fue firmado durante un plenario conjunto de las comisiones de Educación y de Presupuesto, que sesionaron tras el emplazamiento impulsado la semana pasada por la oposición a sus presidentes, Alejandro Finocchiaro (PRO) y José Luis Espert (La Libertad Avanza). Si bien aún no hay fecha confirmada para el tratamiento en el recinto, se estima que el proyecto podría ser debatido a fines de julio o, a más tardar, durante la primera semana de agosto, antes del receso legislativo.
La propuesta logró el respaldo de casi todos los bloques opositores, con excepción de un sector de la UCR, la izquierda -que presentaron dictámenes propios-, el PRO y algunos aliados del oficialismo, que decidieron no acompañar la iniciativa. Con ese nivel de apoyo, los impulsores del proyecto confían en alcanzar los dos tercios necesarios para convertirlo en ley, incluso si el Poder Ejecutivo vuelve a objetarlo.
"Es cierto que hace un año impulsamos un proyecto que fue vetado por el Poder Ejecutivo. En esta oportunidad estamos en un lugar distinto, el consenso es mucho más amplio y se incorporaron elementos nuevos en el dictamen", destacó el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez. Y agregó: "Creemos que a partir del aprendizaje del año pasado logramos obtener un dictamen de comisiones con más potencia y más fuerza".
Ejes del proyecto
El texto aprobado gira en torno a dos puntos clave. El primero es la actualización por inflación de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, hospitales universitarios y fondos para ciencia y tecnología, con carácter retroactivo a 2023. A partir de este año, el ajuste sería bimestral y también atado al índice de precios.
El segundo eje apunta a la recomposición salarial de docentes y no docentes. En este sentido, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a convocar paritarias cada tres meses, con un piso mensual de aumento determinado por el índice de precios al consumidor. También se prevé la actualización automática de las becas estudiantiles y la realización de auditorías obligatorias a cargo de la Auditoría General de la Nación (AGN).
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