03 Julio 2025
El abogado Miguel Gustavo Morales fue condenado este jueves a tres años de prisión de ejecución condicional, en el marco de un juicio abreviado presentado por el Ministerio Público Fiscal ante un juez penal. El acuerdo fue sellado tras el reconocimiento de Morales de haber cometido una serie de delitos, entre ellos, la instigación a una sedición policial, la presentación de testigos falsos en varias causas y desobediencia judicial reiterada.
El proceso estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del MPF, bajo la conducción de la fiscal Mariana Rivadeneira, quien junto a la auxiliar fiscal Brenda Deroy presentó ante el juez Guillermo Di Lella un detallado informe de los hechos investigados y las pruebas reunidas, que incluyeron cerca de un centenar de elementos probatorios.
Uno de los hechos más graves atribuidos al letrado fue su rol activo en el intento de sedición policial ocurrido entre el 29 de enero y el 25 de febrero de 2024. Durante ese período, Morales grabó y difundió videos en redes sociales con el objetivo de incitar a efectivos policiales a rebelarse contra la cúpula de la fuerza, promoviendo una protesta ilegítima.
Además, el abogado admitió haber recurrido en al menos tres causas judiciales a un testigo falso, a quien instruyó para declarar en su favor con información deliberadamente falsa. Las maniobras se realizaron mientras Morales ejercía como defensor particular en dichos procesos, lo que agravó su responsabilidad penal.
A esto se sumaron otras tres causas por desobediencia judicial: una por haber filtrado información sensible a la prensa a pesar de una orden expresa que lo prohibía, y otras dos por obstaculizar el normal desarrollo de un juicio al que estaba debidamente notificado.
Finalmente, el juez Di Lella lo declaró culpable de los delitos de Desobediencia Judicial reiterada, Instigación a Cometer Delito, Turbación de un Acto Legítimo de la Autoridad, y Falso Testimonio reiterado en calidad de instigador. Como parte de la condena, Morales deberá cumplir reglas de conducta estrictas durante el período que dure la pena condicional, y quedó inhabilitado para ocupar cualquier cargo público por un plazo de seis años.
La sentencia quedó firme, ya que tanto la defensa como la fiscalía renunciaron a apelar el fallo.
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