07 Junio 2025
DEMANDADO. La Provincia tiene un juicio contra Hugo Alfredo Yapura (atrás).
La Provincia interpuso un recurso de casación ante tribunales superiores para impugnar dos reveses judiciales que recibió por supuesta “falta de impulso procesal” en el juicio por reivindicación que impulsa desde 2020 contra Hugo Alfredo Yapura, por un terreno de más de cuatro hectáreas del loteo La Quebradita, ubicado la intersección de la ruta 307 y la avenida San Martín (más conocida como “la subida del hospital”). Parte de esas tierras fiscales está cercada y tiene una vivienda en su interior.
El sector en disputa forma parte del padrón 682.474, de acuerdo con los registros oficiales de la Dirección de Catastro. Está a nombre del Gobierno de la Provincia y, según los planos del diseño de la villa, aparece reservado como espacio verde y para las escorrentías de agua. En la vivienda reside la familia de Hugo Salomón Yapura, hijo del denunciado, quien trabaja para la Municipalidad de Tafí del Valle, según le explicó a este diario. En algún momento se proyectó parte de esas tierras para la construcción de un helipuerto.
Restitución
Las actuaciones legales, personal de la Fiscalía de Estado indicó que el objeto de la acción es lograr la restitución del inmueble ocupado, el cual fue adquirido por la Provincia en 1942, a través de una expropiación. En octubre de 2024, el abogado de Yapura planteó la caducidad del proceso ya que, según manifestó, el Gobierno dejó transcurrir el plazo legal para que opere la caducidad de instancia, al no observar movimiento procesal con idoneidad.
Una jueza de Monteros hizo lugar al planteo de Torres al constatar que hubo dos períodos concretos con inactividad procesal (de más de seis meses). La Provincia interpuso en diciembre de 2024 un recurso de apelación, que fue resuelto de modo adverso el 19 de mayo por la Cámara Civil y Comercial Común (Sala II) del Centro Judicial de Concepción.
El apoderado del Gobierno, en tanto, afirmó que nunca se descuidó el proceso y sostuvo que la decisión impugnada “perjudica directamente el interés público, ya que se castiga con la extinción del proceso una conducta que tuvo por finalidad proteger un bien del Estado y garantizar una prestación de interés general”.
De acuerdo a un informe que Catastro remitió a la Legislatura sobre La Quebradita, se detectó que hay una veintena de lotes y padrones con viviendas construidas, a pesar de que en los registros figuran a nombre de la Provincia. El Gobierno afirmó que estudiará cada caso y avanzará hasta las últimas consecuencias.
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