Se entregaría el lunes un prófugo del caso Aráoz

El agente inmobiliario que está prófugo en el marco de la investigación de una presunta red de encubrimiento en el crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, se presentaría en Tribunales el lunes acompañado por un abogado. El hombre aparecería en la lista de los cruces telefónicos que recibió la Justicia, luego de analizar las llamadas que se realizaron y recibieron desde los siete teléfonos celulares que están secuestrados por el caso.
El miércoles, el fiscal del caso, Guillermo Herrera, solicitó la detención de Arturo Roife, que sería propietario de una inmobiliaria, y del oficial Juan Roque Romano, dueño de la remisería Modelo Tucumano en la que trabajaba el oficial Alejandro Darío Pérez, uno de los detenidos por el homicidio. También se ordenó el secuestro de una camioneta Ford Ranger que estaba en poder del comisario de Banda del Río Salí, Rodolfo Domínguez. Todas las medidas fueron ordenadas por el juez de Instrucción de la III Nominación, Juan Francisco Pisa.

Búsqueda incesante
Romano fue detenido en su remisería, ubicada en Viamonte al 1.000; mientras que la camioneta fue secuestrada en la comisaría de Banda del Río Salí. Pese a que lo buscaron en su domicilio y en su empresa, a Roife no pudieron ubicarlo. Sin embargo habría hecho llegar información a la fiscalía: que estaba fuera de la provincia, que se había enterado de que lo buscaban al leer LA GACETA y que el lunes se presentaría para declarar. De este modo, evitaría permanecer detenido el fin de semana largo. Lo que el fiscal quiere saber es por qué Roife realizó varias llamadas al 101 (Comando Radioeléctrico u Operaciones Policiales), además de presuntamente haberse comunicado con Pérez e inclusive con la ex agente Ema Hortencia Gómez, la otra detenida en la causa. Romano ya declaró. Afirmó que nunca supo lo que había pasado y que únicamente mantenía contacto con Pérez porque estaba trabajando con el remise. También negó que hubiera conocido a Gómez. Romano, sin embargo, sigue preso. El fiscal puede mantenerlo en esa condición durante 10 días. De todos modo, a no ser que se le impute otro delito, el encubrimiento es excarcelable, por lo que el oficial recuperaría la libertad.
Herrera está investigando si el homicidio de Aráoz está relacionado con una presunta mafia policial, que operaría con vehículos robados. Por el momento, se cree que la muerte del juez, a quien le dieron nueve disparos el 26 de noviembre en su casa de Yerba Buena, es un hecho de índole pasional.
La Justicia espera además el resultado de las pericias de ADN, que están realizándose en Buenos Aires y que se conocerían en 10 días.