Los problemas y las denuncias sobre la inscripción y el otorgamiento de los planes nacionales Jefes y Jefas de Hogar Desocupados se multiplican en toda la provincia. La intendente de La Cocha, Susana Díaz de Rodríguez, aseguró que "hubo una mano negra que modificó los listados de beneficiarios y perjudicó la tarea realizada por todos los municipios y las comunas".
"Hubo un manejo político y me gustaría saber de quién. Hay gente que ingresó con la clave secreta de los municipios y cambió nombres. Estoy harta de denuncias mal intencionadas; no es justo que nos ultrajen por algo en lo que pusimos todo", se indignó.
Rodríguez recordó que presentó a 678 personas del municipio, pero de la lista sólo fueron beneficiadas 78. "Sin embargo, hay gente que cobró sin haber sido registrada en nuestros libros, ni son vecinos del lugar; personas solteras; matrimonios que recibían subsidio los dos integrantes, y además uno de sus hijos; y, según dicen, comerciantes y productores chicos", planteó.
La intendente rechazó las denuncias del concejal radical Julio Bravo, quien la responsabilizó, junto con esposo, el presidente del Concejo Deliberante y ex jefe municipal, Leopoldo Rodríguez, de "decidir quién come y quién no come en La Cocha".
"Ellos eligieron a los que podían anotarse en el plan, y conformaron un consejo consultivo casi secreto y a dedo, con amigotes que iban sólo a firmar las listas. Se desvirtuó totalmente el programa, y ninguna organización social del lugar fue invitada oficial y públicamente a participar", remarcó Bravo.
"No presenté ninguna ficha a la Anses, pero hay dirigentes políticos del PJ que las llenaron en su casa, como Hugo Tello, quien fue mucho más transparente en su accionar que el matrimonio Rodríguez. Hay quejas a diario en el municipio", concluyó.
Ediles denunciaron al jefe municipal de Lules
Concejales peronistas de Lules denunciaron el manejo político del programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados por parte del intendente Luis Roberto Castro, y la existencia de irregularidades en los listados habilitados.
"Castro llegó a amenazar a la gente, diciéndoles que si no se anotaban con él, en la Municipalidad, no iban a salir en las listas de beneficiarios. Y así fue en muchos casos", afirmó Jorge Delgadino, quien integra un sub-bloque de ediles peronistas con Julio Adad, Angel Pereyra (ambos lo acompañaron en su denuncia) y Marta Susana Díaz.
Los concejales delegaron en Delgadino la parte operativa del llenado de las fichas de quienes estaban desempleados en Lules, para lo cual montaron una oficina y contrataron personal. El edil sostuvo que se completaron 600 fichas. "Pero sólo se le otorgó el beneficio al 40%", añadió. "Cuando los excluidos van a la Municipalidad a pedir una explicación, los mandan a mi casa sin ninguna razón. Castro metió mano en las planillas, y generó un caos", afirmó. Según las cifras que manejan los peronistas distanciados de Castro, en Lules hay entre 2.000 y 2.300 beneficiarios, pero aseguraron que "hay gente que viene de otros lados, como de la Banda del Río Salí; personas cuyas parejas tienen empleo; o comerciantes chicos, pero que cobran el plan".
Para encontrar una salida, los ediles se reunieron con personal de la delegación local de la ANSES, quienes les reconocieron (según su versión) que los papeles habían sido entregados en tiempo y en forma, y que las demoras en aparecer en los listados estaban causadas por problemas de volcado en el sistema.
"Hicimos todo bien, pero quedamos fuera. Ya hay antecedentes de manejos irregulares de distintos planes, como el Trabajar. O los subsidios por inundaciones de 2000, concedidos a 225 familias, ninguna pertenecía a los 50 grupos que estaban bajo el agua. Todo lo manejaba el intendente", recordó Delgadino.
LA GACETA trató reiteradamente de obtener la opinión de Castro acerca de la denuncia, pero él no contestó las consultas.
"Hubo un manejo político y me gustaría saber de quién. Hay gente que ingresó con la clave secreta de los municipios y cambió nombres. Estoy harta de denuncias mal intencionadas; no es justo que nos ultrajen por algo en lo que pusimos todo", se indignó.
Rodríguez recordó que presentó a 678 personas del municipio, pero de la lista sólo fueron beneficiadas 78. "Sin embargo, hay gente que cobró sin haber sido registrada en nuestros libros, ni son vecinos del lugar; personas solteras; matrimonios que recibían subsidio los dos integrantes, y además uno de sus hijos; y, según dicen, comerciantes y productores chicos", planteó.
La intendente rechazó las denuncias del concejal radical Julio Bravo, quien la responsabilizó, junto con esposo, el presidente del Concejo Deliberante y ex jefe municipal, Leopoldo Rodríguez, de "decidir quién come y quién no come en La Cocha".
"Ellos eligieron a los que podían anotarse en el plan, y conformaron un consejo consultivo casi secreto y a dedo, con amigotes que iban sólo a firmar las listas. Se desvirtuó totalmente el programa, y ninguna organización social del lugar fue invitada oficial y públicamente a participar", remarcó Bravo.
"No presenté ninguna ficha a la Anses, pero hay dirigentes políticos del PJ que las llenaron en su casa, como Hugo Tello, quien fue mucho más transparente en su accionar que el matrimonio Rodríguez. Hay quejas a diario en el municipio", concluyó.
Ediles denunciaron al jefe municipal de Lules
Concejales peronistas de Lules denunciaron el manejo político del programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados por parte del intendente Luis Roberto Castro, y la existencia de irregularidades en los listados habilitados.
"Castro llegó a amenazar a la gente, diciéndoles que si no se anotaban con él, en la Municipalidad, no iban a salir en las listas de beneficiarios. Y así fue en muchos casos", afirmó Jorge Delgadino, quien integra un sub-bloque de ediles peronistas con Julio Adad, Angel Pereyra (ambos lo acompañaron en su denuncia) y Marta Susana Díaz.
Los concejales delegaron en Delgadino la parte operativa del llenado de las fichas de quienes estaban desempleados en Lules, para lo cual montaron una oficina y contrataron personal. El edil sostuvo que se completaron 600 fichas. "Pero sólo se le otorgó el beneficio al 40%", añadió. "Cuando los excluidos van a la Municipalidad a pedir una explicación, los mandan a mi casa sin ninguna razón. Castro metió mano en las planillas, y generó un caos", afirmó. Según las cifras que manejan los peronistas distanciados de Castro, en Lules hay entre 2.000 y 2.300 beneficiarios, pero aseguraron que "hay gente que viene de otros lados, como de la Banda del Río Salí; personas cuyas parejas tienen empleo; o comerciantes chicos, pero que cobran el plan".
Para encontrar una salida, los ediles se reunieron con personal de la delegación local de la ANSES, quienes les reconocieron (según su versión) que los papeles habían sido entregados en tiempo y en forma, y que las demoras en aparecer en los listados estaban causadas por problemas de volcado en el sistema.
"Hicimos todo bien, pero quedamos fuera. Ya hay antecedentes de manejos irregulares de distintos planes, como el Trabajar. O los subsidios por inundaciones de 2000, concedidos a 225 familias, ninguna pertenecía a los 50 grupos que estaban bajo el agua. Todo lo manejaba el intendente", recordó Delgadino.
LA GACETA trató reiteradamente de obtener la opinión de Castro acerca de la denuncia, pero él no contestó las consultas.
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