25 Marzo 2005 Seguir en 
CONCEPCION.- El expediente judicial adulterado en el juzgado de Cobros y Apremios de esta ciudad habría sido sustraído a principios de febrero para reaparecer dos semanas después.
Aunque se desconoce quiénes fueron los autores de la maniobra, aparecen bajo sospecha una letrada y cuatro empleados. Una juez dijo que en el juzgado hay poca seguridadEn el expediente, se tramitaba una demanda que lleva adelante la Dirección General de Rentas de la provincia contra el ingenio La Trinidad. En la documentación, se advirtió que se había cambiado un poder original mal concedido por otro que respondía a las exigencias legales. La negligencia en el primer documento fue advertida por los asesores legales de Rentas, que aceleraron las gestiones a fin de que la Justicia dicte un auto de sentencia sobre la demanda contra el ingenio, la que rondaría los $ 100.000.
Fue entonces cuando el expediente se esfumó para reaparecer luego con el poder en regla.
El fiscal Edgardo Sánchez esta semana inició una investigación en torno del caso a pedido de la jueza María Teresa Torres de Molina, a cargo de Cobros y Apremios.
Se trataría de una estafa procesal en la administración de justicia y otros delitos. Los empleados ya comenzaron a hacer sus descargos y el representante del ministerio público se aprestaría a secuestrar el expediente en cuestión. Se desconoce cómo fue sustraída esa documentación. Se estima que fue levantada del mostrador. Al respecto habría un cruce de acusaciones entre la abogada involucrada y los empleados. Torres de Molina en recientes declaraciones a LA GACETA se refirió a la falta de seguridad que hay en el edificio alquilado en 9 de Julio primera cuadra. Pese a que siempre se dispone de un guardia de la Policía, los expedientes no tendrían el resguardo suficiente.
En el río Zerda
El nuevo escándalo se suma a otro en que se adulteró un acta policial de un expediente labrado en el marco de una investigación por la muerte de un adolescente en el río Zerda. En este último caso, también interviene el fiscal Sánchez. (C)
Aunque se desconoce quiénes fueron los autores de la maniobra, aparecen bajo sospecha una letrada y cuatro empleados. Una juez dijo que en el juzgado hay poca seguridadEn el expediente, se tramitaba una demanda que lleva adelante la Dirección General de Rentas de la provincia contra el ingenio La Trinidad. En la documentación, se advirtió que se había cambiado un poder original mal concedido por otro que respondía a las exigencias legales. La negligencia en el primer documento fue advertida por los asesores legales de Rentas, que aceleraron las gestiones a fin de que la Justicia dicte un auto de sentencia sobre la demanda contra el ingenio, la que rondaría los $ 100.000.
Fue entonces cuando el expediente se esfumó para reaparecer luego con el poder en regla.
El fiscal Edgardo Sánchez esta semana inició una investigación en torno del caso a pedido de la jueza María Teresa Torres de Molina, a cargo de Cobros y Apremios.
Se trataría de una estafa procesal en la administración de justicia y otros delitos. Los empleados ya comenzaron a hacer sus descargos y el representante del ministerio público se aprestaría a secuestrar el expediente en cuestión. Se desconoce cómo fue sustraída esa documentación. Se estima que fue levantada del mostrador. Al respecto habría un cruce de acusaciones entre la abogada involucrada y los empleados. Torres de Molina en recientes declaraciones a LA GACETA se refirió a la falta de seguridad que hay en el edificio alquilado en 9 de Julio primera cuadra. Pese a que siempre se dispone de un guardia de la Policía, los expedientes no tendrían el resguardo suficiente.
En el río Zerda
El nuevo escándalo se suma a otro en que se adulteró un acta policial de un expediente labrado en el marco de una investigación por la muerte de un adolescente en el río Zerda. En este último caso, también interviene el fiscal Sánchez. (C)
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