Amenazaron de muerte al fiscal del caso Aráoz

"Dejate de joder con lo que estás investigando. No te metás más, o vas a ser boleta". Poco después de las 8, el fiscal X de Instrucción Guillermo Herrera atendió la llamada que sonaba en su celular y un hombre lo amenazó. Herrera está seguro de que la comunicación estuvo ligada con la investigación del caso por la muerte del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, y las presuntas vinculaciones que tendría el caso, tal como él sospecha, con una mafia policial.
Hace una semana, Herrera recibió la lista de llamados de los teléfonos celulares que están secuestrados en la causa, y que le hicieron sospechar que al menos los principales acusados, la ex agente Ema Gómez y el oficial Alejandro Darío Pérez, habrían intentado tejer una red de encubrimiento. El asesinato se produjo el 26 de noviembre del año pasado, en la residencia que el magistrado tenía en Yerba Buena.
Herrera profundizó la investigación hacia otras hipótesis, partiendo de la primera, que es la del homicidio pasional. Según él, el crimen podría estar relacionado con una mafia que maneja el negocio del robo de vehículos. Prueba de ello, dijo, sería que el mismo juez tendría una motocicleta (una Kawasaki 250 que fue entregada por la familia el domingo en la comisaría de Yerba Buena) que podría ser melliza. Además dijo que uno de los imputados en el caso, el comisario de Banda del Río Salí, Rodolfo Domínguez, tenía una camioneta Ford Ranger que era melliza. El original del vehículo está en San Luis.
Ayer, el abogado de Domínguez, Alvaro Zelarayán, refutó las ideas de Herrera. "Esa camioneta a la que hace referencia el fiscal fue secuestrada por la Policía el 6 de mayo de 2003. Luego, mediante un oficio, el Gobierno la solicitó para afectarla a tareas de seguridad, tal como lo permite el Código Procesal Penal. Desde hace 16 meses, cuando Domínguez asumió en Banda del Río Salí, él utiliza ese vehículo. Nunca lo escondió. Ese vehículo no es de él, sino de la Policía", dijo el abogado. Zelarayán cree que el fiscal tiene "incontinencia verbal". "Está ensañado con Domínguez y con (Andrés) Faversani (otro de los imputados). El comisario ni siquiera conocía a Gómez", agregó el abogado.
Zelarayán dijo que Domínguez llamó dos veces al celular de Gómez, después de que ella estuvo aprehendida en la comisaría de Yerba Buena. "Y lo hizo sólo para confirmar que ella tenía su celular, para que se lo secuestrara", indicó.
"También llamó dos veces al juez Aráoz, una al celular y otra a la casa, para consultarle sobre la detención de dos menores, pero no lo encontró (Aráoz ya habría estado muerto", dijo el abogado. Finalmente Zelarayán preguntó: "¿por qué no investiga a un alto funcionario policial, vinculado con el Gobierno, que habló ese día con Gómez y que aseguró que ella lo llamaba únicamente para decirle que ya había conseguido trabajo, todo esto cuando ella ya sabía que habían matado a Aráoz?". Esta última referencia el abogado la hizo en alusión al comisario Carlos Suárez Vila, jefe de la custodia del gobernador.
Herrera dijo ayer que seguirá investigando a pesar de la amenaza. "No van a amedrentarme estos cobardes", dijo. La denuncia fue radicada en la fiscalía V.

"No voy a permitir que me ensucien"
El policía Juan Roque Romano, que fue detenido el miércoles por presunto encubrimiento en el marco de la investigación por el homicidio del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz, negó todas las acusaciones.
Romano estuvo frente al fiscal Guillermo Herrera; al prosecretario Ramón Plaza y al instructor Adrián Sollazo durante más de tres horas. En ese lapso, se enojó, lloró y refutó los dichos de algunos de los acusados por el homicidio. "Andrés (Pérez, uno de los detenidos) era empleado mío en la remisería, y por eso yo sabía su número de teléfono celular, y lo llamaba. Pero no tengo nada que ver con todo esto", le dijo Romano a LA GACETA. "No voy a permitir que me ensucien. Si ellos se mandaron alguna cag..., que se hagan cargo", dijo, dentro de la fiscalía.
Romano fue llamado a declarar a partir de los informes de los cruces telefónicos que recibió la Justicia, donde se determinó justamente que, el día del hecho, Pérez y él mantuvieron varias conversaciones. El arma reglamentaria de Romano está secuestrada en la causa.
El oficial es dueño de la remisería Modelo Tucumano. Habría asegurado que conocía a Ema Gómez de vista, pero que no tenía ningún tipo de relación con ella. El fiscal Herrera analizará las pruebas que hay contra Romano, y luego decidirá si lo deja en libertad. El encubrimiento es un delito excarcelable.