Falsificaron un expediente en una demanda de Rentas

CONCEPCION.- Un nuevo escándalo envuelve a la Justicia. El fiscal Edgardo Sánchez confirmó ayer que inició una investigación de la supuesta adulteración de un expediente judicial relacionado con una demanda que lleva adelante la Dirección General de Rentas de la Provincia contra el ingenio La Trinidad.
La irregularidad se suscitó en el Juzgado de Cobro y Apremios, y en ella estaría involucrada una abogada (sería hija de una camarista). Esta habría cambiado en el expediente un poder original que estaba mal concedido, por otro que se ajustaba a las exigencias legales. El original, trascendió, tenía la firma de un funcionario jerárquico no autorizado para ese trámite, padre de la abogada. La concesión del poder ya había sido advertida por los asesores legales de Rentas. Por ello habían solicitado a la Justicia un auto de sentencia en torno de la demanda, la cual rondaría los $100.000. Pero el expediente permaneció desaparecido hasta mediados de febrero, cuando la letrada lo presentó con el poder nuevo. Se desconoce si en el mismo Juzgado, a cargo de María Teresa Torres de Molina, se le concedió formalmente la documentación. La magistrada le pidió a Sánchez, a través de un oficio, que investigue la posible comisión de delitos en el caso. Se estaría ante una "tentativa de estafa procesal contra la administración de Justicia". Sánchez también investiga a cuatro empleados del Juzgado de Cobro y Apremios de Concepción. El hecho ya era motivo de comentarios en los pasillos de Tribunales.

Desmentida
Las versiones indicaban la adulteración de un poder, cuando en realidad se trata de un expediente. Quizás por ello Torres de Molina desmintió a LA GACETA hace una semana la afirmación de que en el Juzgado a su cargo se hubiera advertido la falsificación de un poder. No brindó mayores precisiones; dijo que las versiones se planteaban en el marco de un clima de psicosis suscitado tras el caso del acta policial falsificada en un expediente que se labró en el caso de la muerte de un adolescente.
El documento incorporado a la demanda contra el ingenio La Trinidad al parecer fue detectado por los mismo empleados, que habrían advertido que el papel presentaba rasgos caligráficos, tinta y foliación distinta de los del original. También llamó la atención la costura utilizada. "Este es un caso nuevo, con reciente pedido de intervención por parte de la jueza. Se lo está investigando y ya se adoptaron algunas medidas. Algunos elementos pueden dar lugar a una investigación por la presunta comisión de ilícitos" dijo Sánchez. Los empleados involucrados en el caso son patrocinados por el abogado Julio César Herrera.
El presidente del Colegio de Abogados del Sur, Eduardo Fernández, afirmó que de confirmarse la maniobra y la intervención de la letrada en cuestión, se estaría ante un caso que calificó como "de gravísima connotación". Adelantó que, de confirmarse las sospechas, la entidad a su cargo tomará los recaudos necesarios a fin de que, a su debido tiempo, se adopten medidas disciplinarias drásticas contra la abogada. (C)