Por el crimen del juez hay otro policía preso

Un policía fue detenido ayer por presunto encubrimiento en la causa del crimen del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. Las medidas se ordenaron a partir del informe de los cruces de llamados telefónicos que recibió el fiscal Guillermo Herrera. En tanto, un empresario inmobiliario está prófugo.
El listado que recibió la Justicia además permitió que se abriera una nueva hipótesis en la investigación, aunque sin descartar la central, que sigue siendo la de que se trató de un crimen pasional. Sin embargo, tal como había denunciado en su momento uno de los hijos del magistrado, en el entorno del juez habría estado operando una mafia policial.
Ayer el trabajo en la Fiscalía X fue incesante. Sucede que, a partir de las declaraciones que se vienen sucediendo desde el lunes, comenzaron a aparecer datos muy importantes. Uno de ellos indica que Ema Hortencia Gómez, la principal acusada del caso, habría tratado de tejer una poderosa red de encubrimiento luego de que mataran a Aráoz. El juez fue asesinado de nueve disparos en su casa, ubicada en avenida Aconquija 2.950, en Yerba Buena. Por el hecho, además de Gómez, está detenido el oficial Alejandro Darío Pérez de cuya arma, según las pericias, salieron los disparos.

Comunicación
Para ayer estaba citado a declarar Arturo Raife. Se trata de un agente inmobiliario que ya había sido nombrado en la causa como amigo de Pérez y del oficial Andrés Faversani, otro de los policías que están imputados en el caso. Su situación se complicó aún más a partir de los llamados telefónicos que hizo y recibió desde su celular. Aparentemente habría estado comunicado permanentemente con ellos, aunque hasta el momento se desconocen los motivos. Por la tarde, policías lo buscaron en su casa del barrio Jardín, en el pasaje Brandsen al 2.600, y en su empresa pero en ninguno de los dos lugares estaba, por lo que se lo considera prófugo. Luego, los investigadores se dirigieron al barrio Feput, donde se arrestó al oficial de Policía Juan Roque Romano, que ya en diciembre del año pasado había sido llevado por la fuerza a Tribunales para que declare. Romano es uno de los dueños de la remisería Modelo Tucumano, en la cual trabajaba Pérez. A él además se le secuestraron su arma reglamentaria y un teléfono celular. El día del crimen se habrían recibido en ese aparato algunas llamadas de los sospechosos, hecho que el oficial deberá aclarar. Romano trabajó durante muchos años junto a Faversani y se sospecha que también habría participado en el encubrimiento.
"Son varios los puntos que deben aclarar estas personas, y por eso pedimos su detención. Queremos tratar de enviar la causa a juicio con todas las pruebas que podamos obtener, para que nadie quede impune en este caso", aseguró el fiscal Herrera.
Los operativos fueron realizados por personal bajo el mando del comisario mayor Hugo Sánchez, con órdenes del juez de Instrucción Juan Francisco Pisa.