Quieren develar si hubo una red de encubrimiento en el caso Aráoz

Dos hombres fueron llevados por la fuerza pública ayer a Tribunales para que declaren en el marco de la investigación por el asesinato del juez de Menores Héctor Agustín Aráoz. Se trata de titulares de teléfonos que fueron secuestrados en la causa, y de cuyas llamadas entrantes y salientes recibió el viernes pasado un informe el fiscal Guillermo Herrera. Al menos uno de los hombres -su identidad no trascendió- tendría vinculación con el oficial Alejandro Darío Pérez, uno de los dos detenidos del caso; no se descarta que haya sido un informante.
Ambos se domicilian en la zona de Famaillá, y como se rehusaban a ir a declarar, fueron trasladados por la Policía. La otra detenida por el caso es la ex agente Ema Gómez, que permanece encerrada en la Comisaría de la Mujer.
Aparentemente, el día del crimen -26 de noviembre último- ella realizó varios llamados, incluso alguno desde la casa del magistrado, ubicada en Yerba Buena.
La Justicia secuestró los teléfonos de varios policías que, tras el homicidio, concurrieron al lugar de la tragedia. En el informe que recibió el fiscal figurarían comunicaciones entre varios de ellos, y también con Pérez y con Gómez.

Coartada
Según Hererra, ella habría tratado de armar una coartada hablando con varias personas dando la impresión de que no sabía que habían matado al juez -que era su pareja- y de que todo estaba bien. Pero a algunos otros los habría llamado para que intentaran encubrirla. Hoy se producirán nuevas declaraciones y el fiscal Herrera determinará luego si alguno de los testigos queda imputado en la causa. Además, en las próximas días se realizará una pericia en la moto Kawasaki 250 que pertenecía al magistrado y que la familia entregó en forma voluntaria a la Policía el domingo, luego de que la Justicia la buscó sin suerte durante casi tres meses, a pesar de que se realizaron dos allanamientos. Sucede que en la fiscalía sospechan que el vehículo podría tener los números de identificación adulterados. La familia entregó, también en la comisaría de Yerba Buena, los papeles del rodado, que certificarían que el dueño era el juez. Sin embargo, no se descarta que los resultados de las pericias arrojen nuevas pistas.