Por Gustavo Rodríguez
06 Mayo 2025
El tercer juicio contra la “banda de los narcopolicías”, grupo que está sospechado de cometer secuestros extorsivos contra narcos o de asaltarlos para robarles droga, comenzó con una novedad. La víctima reconoció que firmó un acuerdo en el despacho de un defensor oficial de la Justicia Federal para que mejorara la situación procesal de los seis acusados.
“Lo único que pretendo es que esto termine de una vez por todas. Desde que me pasó esto nunca pude salir adelante, siempre fue todo para atrás”, aseguró la víctima P.N. que, por cuestiones legales, su nombre debe ser mantenido en reserva. “Todos fueron problemas desde que me pasó esto”, indicó.
El hombre relató que el 18 de febrero de 2022 estaba trabajando en su finca de Leales cuando se presentaron al menos cuatro efectivos. Amenazándolo con pistolas, lo obligaron a tirarse al suelo y a los gritos le dijeron que lo estaban allanando, ya que en el fondo de la vivienda cultivaba plantas de marihuana para consumo personal. Después de apoderarse de varios elementos, tres efectivos lo obligaron a subirse al auto y un cuarto los acompañó en la moto de la víctima.
P.N. describió el recorrido que hicieron. “Primero pararon en Mista para comprar una gaseosa. Luego cargamos combustible en la estación de servicio ubicada en la Plazoleta Dorrego. Mientras transitábamos le pedían plata a mi esposa. Hicimos una última detención en la plaza de Barrio Jardín (a escasos metros de la base de Homicidios y a pocas cuadras de la Jefatura de Policía)”, detalló. “Ahí estuvimos como 40 minutos hasta que me llevaron a casa donde le entregaron el dinero y el auto”, añadió.
A los días de haberse registrado el hecho, se difundieron videos de un robo de un supuesto robo que habrían cometido uniformados en Famaillá. La víctima reconoció a uno de ellos y denunció el caso en la ex Brigada de Investigación. La Policía, al tratarse de un delito federal, presentó el caso ante el fiscal Agustín Chit. Así se abrió un expediente que, después de varios meses, terminó con la detención de Ricardo Rodríguez, Martín Romano, José Villa, José Gallo y Eduardo Agüero. También fue identificado Daniel Villardón, pero se mantiene prófugo..
La polémica
En la primera audiencia, el fiscal Pablo Camuña le preguntó a la víctima si él había firmado una especie de acuerdo con el defensor oficial y por recomendación del profesional que lo representaba. “Sí, sí lo hice, pero porque quería tener algo de paz. Desde que me pasó eso nunca más tuve tranquilidad”, explicó. “¿Qué le pasaba?”, repreguntó el acusador. “Y no me iba bien, se me desaparecían cosas de la finca, en fin, un montón de problemas. Porque lo único que quería es tener una vida en paz”, respondió.
El acuerdo en cuestión consistió, según confirmaron fuentes judiciales, en una declaración en la que P.N. habría desmentido los hechos y que los imputados no habrían tenido ninguna participación en el caso, cuando el procesamiento de los cinco imputados estaba firme. Por esta situación, el fiscal Chit hizo una denuncia y se abrió un expediente por estafa procesal en la otra fiscalía federal. No se descarta que Camuña, en el desarrollo del debate, le pida al tribunal integrado por Carina Farías, Cristina Giordano (cordobesa que debutó ayer como vocal subrogante en Tucumán) y Abelardo Basbus.
En la primera jornada del debate declararon la esposa, el hermano y la cuñada de la víctima. Los tres confirmaron la versión originaria de P.N. También fueron interrogados un investigador de Gendarmería Nacional y uno de la Policía Federal. Ambos coincidieron cuál fue el trabajo que realizaron y convalidaron cómo se había registrado el hecho. Estos testimonios acrecentaron las sospechas de que el acuerdo firmado fue un intento desesperado de los acusados para no recibir una condena..
Antecedentes
Durante la investigación de este caso, se probó que Villa, allegado a la familia de la víctima, habría planeado hechos similares con Luciano Campos que, junto a los federales Gonzalo Lagoria y Néstor Medina, el civil Ángel Medina, y el efectivo de la policía provincial Jonathan Díaz, fue condenado por el secuestro del pariente de un transa.
Romano, otro de los que está siendo juzgado, podría recibir una nueva condena. Él junto a Bruno Ciolfo y Gustavo Fernández fueron penados por el robo que sufrió Jorge Alejandro Nasif, un supuesto vendedor de drogas de Famaillá. En la investigación y en el debate de ese caso, surgieron numerosos indicios de que podría haberse tratado de un intento de secuestro extorsivo, pero la fiscala Mónica García no dio el brazo a torcer y los terminó enjuiciando por un delito contra la propiedad.
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